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 «Hay abuso» en la medida privativa de libertad dictada por el tribunal contra los seis luchadores sindicales detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, pues «ninguno ha cometido delito».

Así lo manifestó Eduardo Torres, abogado de Emilio Negrín, presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios y miembro de la Coalición Sindical Nacional, al lamentar que la juez del Tribunal Segundo de Juicio de Primera Instancia con competencia en casos de Terrorismo haya declarado sin lugar la revisión de la medida cautelar de su defendido y de otros cinco luchadores sindicales.

Tribunal rechaza solicitud de revisión de medidas para luchadores sindicales que seguirán presos

Este jueves Torres ofreció una rueda de prensa en la sede de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) donde mostró su preocupación por la decisión asumida por la Juez y ratificó que a ese tribunal le solicitarán medidas humanitarias.

Recordó que las cárceles venezolana no son aptas para los detenidos. «En el caso de Negrín hay descompensación y afecciones  estomacales y a nivel generalizado. Solicitamos que lo llevaran al médico y no dió respuesta el tribunal».

Los dirigentes  sindicales y defensores de derechos humanos Emilio Negrín Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Alcides Bracho, fueron detenidos en Julio de 2022 y hasta la fecha diversas ONG e instituciones  han exigido su liberación inmediata.

Rercordó Torres que el proceso ha estado visiado, pues fueron llevados sin órdenes de detención y la defensa se ha hecho por anotaciones por no tener acceso al expediente. Tampoco los medios probatorios fueron exhaustivamente revisados, no solo el de Emilio Negrín sino el de todos los luchadores sindicales.

Para Torres los seis luchadores sindicales debieron llevar el juico en libertad.

«Aquí no hay acción en materia de delito, aquí no hay tipicidad aquí se está hablando de conspiración, de acción para delinquir y no están asociados para delinquir, los seis tienen en común que están asociados para defender derechos humanos laborales» y por otro lado «no están conspirando sino defendiendo los derechos del pueblo trabajador», puntualizó.

El abogado defensor negó que en Venezuela haya conspiración, «lo que es público y notorio y comunicacional es que el pueblo trabajador de Venezuela ha estado en la calle desde marzo del año pasado, cuando la Onapre arrebató sus derechos laborales y comenzaron estas detenciones arbitrarias», manifestó.

Criminalizar la disidencia 

Para Torres la detención de los seis luchadores sindicales lamentablemente forma parte de lo que dice la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional «que en Venezuela no hay un sistema utónomo, independiente e imparcial de justicia  y que el sistema está siendo cómplice necesario…».

Torres aseguró que la juez no podrá decir nunca que no fue notificada de que hay cinco mecanismos internacionales en materia de derechos humanos que están solicitando la libertad de los detenidos, incluso dos, la Relatorías de la Libertad de Asociación y  la de Libertad en caso de Terrrorismo. Ambas han señalado en dos comunicaciones al gobernante Nicolás Maduro que están haciendo un abuso de la medida restrictiva de libertad, precisó.

«La ONU ha establecido claramente que se están usando estas leyes de terrorismos para criminalizar a la disidencia, en este caso a los trabajadores venezolanos», expuso Torres.

De esta forma, se preguntó cuáles son los elementos para que estén privados de libertad y enumeró: uno el peligro de fuga y la posibilidad de obstaculizar el juicio.

«Ellos no quieren fugarse, ellos quieren seguir luchando junto al pueblo venezolano por sus derechos y lo otro es la posibilidad de obstaculizar el juicio, pero en Venezuela lo que tenemos es un poder que no es autónomo, independiente ni imparcial, y no son los trabajadores los que pueden obstaculizar el juicio», aclaró.

Con información y fotos de Mairet Chourio