En el país se registraron al menos 6.956 manifestaciones ciudadanas entre enero y diciembre del año pasado, lo que equivale a 19 diarias, de acuerdo con cifras publicadas este 8 de febrero por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs).
La organización señaló que el número total de conflictos disminuyó 1% en comparación con 2022, cuando se contabilizaron 7.032.
El informe del observatorio arroja que 80 % de las movilizaciones documentadas durante 2023 se realizaron para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En, al menos, 4.100 (59 %) de estas protestas los trabajadores públicos reclamaron sueldos dignos, lo que representa un aumento del 28 % respecto a las marchas y actividades por reivindicaciones salariales documentadas en 2022.
“Bajos salarios, políticas públicas ineficientes, infraestructura de servicios básicos colapsados y casos de gran corrupción, impactan calidad de vida y dignidad de los venezolanos. Durante los últimos tres años los trabajadores, jubilados y pensionados han liderado las manifestaciones pacíficas en el país”, indica el balance anual del Ovcs.
Añade que los jubilados y pensionados venezolanos participaron activamente en aproximadamente 891 protestas en todo el territorio nacional. Así mismo, los docentes estuvieron presentes en 2.668 movilizaciones.
Hubo protestas por derechos políticos
Además, el observatorio documentó 1.373 protestas relacionadas con Derechos
Civiles y Políticos (DCP) (20% del total registrado) en Venezuela.
“Fueron protagonizadas por simpatizantes y líderes políticos de la oposición, así como del gobierno. En un inicio, las manifestaciones giraron en torno a la activación del Registro Electoral Permanente y exigiendo garantías de transparencia para llevar a cabo las jornadas electorales. Este proceso estuvo marcado por las inhabilitaciones políticas e intervenciones a los partidos de oposición”, explica el documento.
Agrega que también protestaron simpatizantes del oficialismo, quienes exigieron el cese de las sanciones y la liberación del empresario Alex Saab.
Por otro lado, el Ovcs registró 130 protestas en 19 estados por violaciones de derechos humanos cometidas por parte de representantes de cuerpos de seguridad del Estado.
“Actos de gran corrupción que involucran a funcionarios de gobierno generaron manifestaciones en todo el país”, apunta el informe.
Denuncia igualmente que continúa la criminalización y persecución a líderes sociales, sindicalistas, trabajadores y defensores de derechos humanos en varias entidades del país.
Estados que más protestaron
De acuerdo con el Ovcs, el estado Anzoátegui encabezó la lista de protestas con 714, seguido de Bolívar (680), Sucre (566), Mérida (444) y Lara (416).
La ONG alerta que hubo “118 protestas reprimidas en 21 estados del país, con un
saldo de 15 personas detenidas y 1 herida”.
Otros datos de la organización indican que se exigieron distintos derechos en una misma protesta. Del total documentado, 2.960 movilizaciones fueron combinadas (43 %).
Referente a los servicios públicos, se contabilizaron 416 protestas por fallas de electricidad durante el 2023, 478 por acceso al agua potable y 66 por fallas en el suministro de gas doméstico.
Huelgas se radicalizaron
El Ovcs expresó preocupación por las 105 huelgas de hambre que documentó en 2023, especialmente porque estas fueron protagonizadas en su mayoría por venezolanos de la tercera edad.
“Esta cifra nos muestra desesperación y radicalización de los manifestantes venezolanos que, al no ver garantizados sus derechos, se ven en la necesidad de tomar medidas extremas para visibilizar, presionar y exigir soluciones”, indica.
El informe concluye que Venezuela continúa sufriendo una Emergencia Humanitaria Compleja, caracterizada por hiperinflación, colapso de servicios básicos, represión, control social, impunidad, cierre del espacio cívico y vulneración del Estado de Derecho, en el contexto de una situación electoral “de mucha incertidumbre”.
La organización solicita también que los organismos internacionales de protección de derechos humanos “mantengan una observación permanente y presencia en Venezuela, para garantizar una transición con elecciones libres, justas y transparentes, y contener acciones que afecten la dignidad humana del pueblo venezolano”.