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La ONG Espacio Público contabilizó un total de 16 casos que se traducen en 42 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, durante junio de 2023.

Al menos 20 fueron actos de intimidación, ocho de amenaza, seis de hostigamiento judicial, cinco de censura, dos de hostigamiento verbal y una agresión.

«En esta ocasión, las principales víctimas fueron los ciudadanos con al menos 11 registros, seguido de periodistas/reporteros con unas 10 vulneraciones», apuntó la organización en su boletín mensual. Agregó que también contabilizó 11 detenciones por ejercer la libre expresión (ocho particulares y tres trabajadores públicos).

Respecto a los responsables de las vulneraciones, 20 de los victimarios están relacionados con el Estado: 10 cuerpos de seguridad, siete instituciones y tres funcionarios o funcionarias, además de un grupo de simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro. 

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Ciudadanos perseguidos 

Espacio Público recordó que el 15 de junio el gobernador oficialista del estado Táchira, Freddy Bernal, amenazó con demandar en tribunales a quienes reportaran irregularidades en la entidad. Bernal prometió demandar por “difamación e injuria” a aquellos que hicieran denuncias «sin pruebas».

«En el estado Mérida el 18 de junio detuvieron al productor agropecuario Ysnet Rodríguez luego de que se viralizara un video en el que arrojó alimentos a un río, a modo de protesta, por no conseguir combustible para trasladar y vender la mercancía desde las zonas productoras», publicó también la ONG. 

Rodríguez fue acusado de “boicot” por el Ministerio Público y de buscar «causar zozobra en la población». Dos días después, fue detenido un segundo agricultor por el mismo motivo. Se trató de Jhojan Barazarte, arrestado por lanzar al río una cosecha de tomates en la población de Las Adjuntas, municipio Carache del estado Trujillo.

Otros casos se relacionaron por protestas por la falta de combustible en el país que reseñó la ONG. Igualmente, reportó la medida cautelar que censura a 22 trabajadores y trabajadoras de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en Bolívar, y violenta su derecho al trabajo, huelga y libertad de expresión.

«El tribunal ordenó a las personas mencionadas abstenerse de “promover situaciones de conflictos”, colocar afiches, grafitis, pancartas o “cualquier tipo de instrumentos de difusión” que pueda “incitar al odio” entre la comunidad laboral de Sidor. Desde el 7 de junio, obreros y dirigentes sindicales paralizaron una planta de la empresa para exigir mejoras y el reenganche de trabajadores destituidos», publicó la ONG.

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Periodistas bajo amenaza

Espacio Público señaló que los periodistas venezolanos siguen siendo víctimas de persecución y hostigamiento por parte del Estado. Indicó que, a inicios de junio de 2023, el periodista Manuel Ramírez denunció ante el Ministerio Público presuntos actos de discriminación por parte de José Navarro, abogado y funcionario de la Vicepresidencia de la Comisión Nacional Antidrogas en Amazonas. 

«Ramírez es locutor de un programa radial que se transmite en Puerto Ayacucho, capital de la entidad, y en una de las emisiones comentó un escrito que circulaba por redes sociales en el que se involcuraba a Navarro en presunta estafa y extorsión». Luego de eso, lo hostigaron y acosaron, puntualizó la organización.

El 6 de junio, el alcalde del municipio Caroní de Bolívar, Tito Oviedo, criticó el titular de una nota escrita por la periodista Pableysa Ostos en el portal La Patilla sobre el cierre de más de 400 empresas en Ciudad Guayana en los últimos seis meses del año. 

«La crítica ocurrió mientras el alcalde ofrecía declaraciones en un encuentro con la prensa. Ostos señaló que Oviedo afirmó que no se debía titular así, sino con la entrega de licencias comerciales que ha hecho la Alcaldía en lo que va de año, hecho que podría ser intimidatorio y un intento por presionar para que la prensa resalta la versión oficial», explicó Espacio Público. 

Finalmente, a Ostos, junto con las y los periodistas Félix Requena, Rosangelys Bruces, Carlos Suniaga, Jhoalys Siverio, Stephane Hernández y el camarógrafo José Medina los intimidaron y amenazaron un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en una protesta de trabajadores de Sidor.

El 14 de junio, Regina Freites, corresponsal de Qué Pasa en Venezuela, fue víctima de una agresión por funcionarios de la Policía Municipal de Bermúdez, en la ciudad de Carúpano del estado Sucre, mientras cubría un incendio que se registró en un supermercado.

«Freites estaba haciendo un paneo sobre las áreas donde estaban víveres y otros insumos del local cuando los efectivos policiales la tomaron por el brazo y le impidieron seguir grabando. Freites hizo la denuncia ante la Fiscalía 8 del Ministerio Público», reportó la ONG.  

Cierre de emisoras 

Espacio Público denunció también que, en el Distrito Capital, la emisora más antigua del país, Radio Caracas Radio (RCR), anunció el cese definitivo de sus transmisiones vía web el 30 de junio, luego de 93 años de labor ininterrumpida, por la imposibilidad económica de mantener las operaciones digitales.

«RCR operaba solo en línea desde el 30 de abril de 2019, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le negó la renovación de la concesión para operar su señal 750 AM. En años anteriores, la emisora fue sometida a una serie de hostigamientos y procedimientos administrativos por parte de Conatel», apuntó la organización.