Devastados. Así quedaron los familiares del matrimonio María Delgado Tabosky y Juan Carlos Marrufo, la madrugada de este viernes, 9 de diciembre, al escuchar que la pareja fue condenada a 30 años de prisión.
“Estamos devastados. Ellos son inocentes y fueron acusados de delitos que no cometieron. Son presos de venganza”, aseguró a Efecto Cocuyo, un allegado a la pareja, que por motivos de seguridad prefirió permanecer bajo anonimato.
La fuente explica que los familiares de los dos condenados están consternados por la decisión de la jueza Hennit Carolina López Meza.
Aunque los sentenciados estaban acusados por estar presuntamente implicados en el magnicidio frustrado contra Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto de 2018, la jueza no explicó los motivos de la sentencia.
“La defensa de los tres implicados solicitaron a la juez vía grabación como establece el Coop, los sustentos y los términos (delitos tipificados) para sumar 30 años de presidio. Ella se negó a dar la grabación, dictó sentencia y confiscación de bienes retenidos y se fue”, explicó la fuente.
Señala que los abogados defensores están en desacuerdo porque desde la aprehensión de la pareja no se ha respetado debido proceso, y tras la falta de sustento se negaron a firmar el acta.
La abogada Lucila Hurtado, aseguró a través de su cuenta en la red social Instagram, que los esposos fueron condenados sin pruebas que los vincule a los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.
“En franca violación a lo establecido en el artículo 347 del COPP, la jueza se limitó a identificarlos y a señalar la pena de 30 años, sin indicar cuáles eran esas pruebas que los vinculan con esos tipos penales. Denunciamos fraude procesal, implantación maliciosa de evidencias, violación al derecho a la defensa entre las múltiples violaciones a los principios, derechos y garantías constitucionales de nuestros defendidos”, publicó este viernes, 9 de diciembre.
La jurista señaló que la única experticia presentada por los fiscales del Ministerio Público es nula, porque se desconoce el origen de los objetos peritados. Indicó que no fue ofrecida la orden de llamamiento, el acta de allanamiento ni los testigos de la requisa realizada al momento de la aprehensión de la pareja.
“La referida experticia no refleja el número de cadena de custodia de los objetos peritados ni señala quien transfiere la evidencia a los expertos. Se ha consumado otro fraude procesal contra dos personas inocentes”, dijo.
La fuente entrevistada por Efecto Cocuyo aseguró que los familiares de la pareja no se han podio comunicar con ninguno de los condenados. Expresó que ambos sufren de severas condiciones de deterioro de salud y pensamiento suicidas.
Agrega que Marrufo tiene una hija que está indefensa y un padre de 80 años de edad con múltiples dolencias.
En cuanto a el lugar de reclusión, la fuente asegura que la jueza no informó dónde cumplirán la condena. Ambos están detenidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), de Boleíta, al este de Caracas. “Están en el cuarto de los sueños desde hace más de 3 años y en un cuarto llamado el cuarto gris”, dijo.
Afirmó que la defensa apelará la decisión de la jueza y pidió que ambos fueran trasladados a centros acordes u otorgarles medidas sustitutivas de libertad, por las graves condiciones psicológicas y de salud de los sentenciados.
“Deben para los maltratos y tortura psicológica (…) Es un caso con la documentación más registrada de violación de derechos humanos en Venezuela y ambos son de nacionalidad italiana y español. Josep Borrell, secretario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ha solicitado innumerables veces medidas humanitarias al régimen”, aseveró.
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Devastados. Así quedaron los familiares del matrimonio María Delgado Tabosky y Juan Carlos Marrufo, la madrugada de este viernes, 9 de diciembre, al escuchar que la pareja fue condenada a 30 años de prisión.
“Estamos devastados. Ellos son inocentes y fueron acusados de delitos que no cometieron. Son presos de venganza”, aseguró a Efecto Cocuyo, un allegado a la pareja, que por motivos de seguridad prefirió permanecer bajo anonimato.
La fuente explica que los familiares de los dos condenados están consternados por la decisión de la jueza Hennit Carolina López Meza.
Aunque los sentenciados estaban acusados por estar presuntamente implicados en el magnicidio frustrado contra Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto de 2018, la jueza no explicó los motivos de la sentencia.
“La defensa de los tres implicados solicitaron a la juez vía grabación como establece el Coop, los sustentos y los términos (delitos tipificados) para sumar 30 años de presidio. Ella se negó a dar la grabación, dictó sentencia y confiscación de bienes retenidos y se fue”, explicó la fuente.
Señala que los abogados defensores están en desacuerdo porque desde la aprehensión de la pareja no se ha respetado debido proceso, y tras la falta de sustento se negaron a firmar el acta.
La abogada Lucila Hurtado, aseguró a través de su cuenta en la red social Instagram, que los esposos fueron condenados sin pruebas que los vincule a los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.
“En franca violación a lo establecido en el artículo 347 del COPP, la jueza se limitó a identificarlos y a señalar la pena de 30 años, sin indicar cuáles eran esas pruebas que los vinculan con esos tipos penales. Denunciamos fraude procesal, implantación maliciosa de evidencias, violación al derecho a la defensa entre las múltiples violaciones a los principios, derechos y garantías constitucionales de nuestros defendidos”, publicó este viernes, 9 de diciembre.
La jurista señaló que la única experticia presentada por los fiscales del Ministerio Público es nula, porque se desconoce el origen de los objetos peritados. Indicó que no fue ofrecida la orden de llamamiento, el acta de allanamiento ni los testigos de la requisa realizada al momento de la aprehensión de la pareja.
“La referida experticia no refleja el número de cadena de custodia de los objetos peritados ni señala quien transfiere la evidencia a los expertos. Se ha consumado otro fraude procesal contra dos personas inocentes”, dijo.
La fuente entrevistada por Efecto Cocuyo aseguró que los familiares de la pareja no se han podio comunicar con ninguno de los condenados. Expresó que ambos sufren de severas condiciones de deterioro de salud y pensamiento suicidas.
Agrega que Marrufo tiene una hija que está indefensa y un padre de 80 años de edad con múltiples dolencias.
En cuanto a el lugar de reclusión, la fuente asegura que la jueza no informó dónde cumplirán la condena. Ambos están detenidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), de Boleíta, al este de Caracas. “Están en el cuarto de los sueños desde hace más de 3 años y en un cuarto llamado el cuarto gris”, dijo.
Afirmó que la defensa apelará la decisión de la jueza y pidió que ambos fueran trasladados a centros acordes u otorgarles medidas sustitutivas de libertad, por las graves condiciones psicológicas y de salud de los sentenciados.
“Deben para los maltratos y tortura psicológica (…) Es un caso con la documentación más registrada de violación de derechos humanos en Venezuela y ambos son de nacionalidad italiana y español. Josep Borrell, secretario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ha solicitado innumerables veces medidas humanitarias al régimen”, aseveró.