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Familiares y miembros de organizaciones no gubernamentales protestaron este 12 de agosto frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en la avenida Francisco de Miranda, en Caracas, para exigir la liberación de trabajadores y sindicalistas detenidos.

Aseguran que fueron arrestados solo por manifestar públicamente en contra de las políticas laborales y las violaciones a sus derechos fundamentales. 

«Los trabajadores están cumpliendo 39 días de injusta detención y de privación ilegítima de la libertad. Es un patrón, que el gobierno le viene aplicando a la clase trabajadora con la finalidad de neutralizar cada una de las protestas y denuncias de estos luchadores debido a las graves violaciones a los derechos humanos», expresó Yajaira Forero, abogada y diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015. 

Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortez, Gabriel Blanco, Emilio Negrín y recientemente Douglas González, son los nombres de dirigentes sindicales quienes han sido privados de libertad en los últimos dos meses. Algunos parientes denunciaron que sus familiares se encuentran hacinados y en condiciones inhumanas en centros de detención preventiva. 

«Alcides Bracho fue secuestrado por el régimen por salir a demandar justas contrataciones salariales. Exigimos su liberación inmediata. Exigimos la derogación de la ley contra terroristas que atenta contra la Constitución. Mi esposo está en condiciones difíciles de hacinamiento y sin agua», dijo Yorbelis Oropeza, esposa del profesor universitario Alcides Bracho.

Bracho está detenido desde el 4 de julio de 2022 por cuerpos de seguridad y permanece recluido actualmente en el centro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, también conocido como Zona 7. 

Detenciones arbitrarias de sindicalistas

Familiares de los sindicalistas afirmaron que estos fueron detenidos de forma arbitraria y que hasta ahora no se han hallado pruebas para mantenerlos privados de libertad. 

«Aquí ha cesado el derecho a huelga que está contemplado en la Constitución. Ha cesado el derecho a protestar. La lucha del 2018 es la misma que estamos llevando para que se reconozcan todos los derechos que están contemplados en las contrataciones colectivas», apuntó Pedro Arturo Moreno, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). 

Diannet Blanco, esposa de Gabriel Blanco, defensor de los DD.HH, solicitó su liberación y expresó que ninguno de los cargos de los que acusan a su esposo se han demostrado. Agregó que la salud del activista ha ido desmejorando desde su detención, el 7 de julio.

«Estaba con una fuerte congestión nasal, tos, fiebre, dolor en el pecho…eso fue hace 15 días. Ya él está bastante recuperado, pero sabemos que los centros de detención preventiva no tienen los requerimientos necesarios para atender esto», puntualizó. 

Una oleada de protestas

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) registró un total de 3.892 protestas en Venezuela durante el primer semestre de 2022. De estas,1.642 se realizaron para solicitar salarios dignos.

Sindicalistas, trabajadores activos, jubilados, maestros, médicos, enfermeras y personal de la administración pública han manifestado su descontento hacia las políticas laborales del Estado venezolano. Dirigentes aseguran que seguirán en las calles hasta que se atiendan sus reclamos. 

En el país latinoamericano el derecho a manifestar también se ha visto vulnerado sin que el gobierno de Nicolás Maduro voltee la mirada. Al menos 44 dirigentes sindicales fueron asesinados entre 2015 y 2020 en Venezuela, alertó la coalición regional Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), el pasado 13 de julio.