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La directora general del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (Ovlis), Jacqueline Richter, denunció que la sentencia contra trabajadores de Sidor “es una ratificación de que los tribunales están al servicio de una política sistemática y coordinada de represión de la actividad sindical”.

La decisión del Tribunal Primero de Juicio de Trabajo del estado Bolívar también demuestra, en su opinión, que en Venezuela no hay separación de poderes ni Estado de derecho como refleja el informe de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2019.

“La sentencia pone de nuevo a Venezuela en el peor sitio en cuanto a incumplimiento de los convenios 87 y 98 de la OIT porque el Estado no solo debe respetar el ejercicio del derecho a huelga, también debe garantizarlo. El Estado venezolano vuelve a su política de criminalización de la actividad sindical, ya son 21 trabajadores sometidos a procesos penales”, cuestiona.

Además del dictamen del tribunal, los sindicalistas Leonardo Azócar y Daniel Romero permanecen privados de libertad desde el domingo 11 de junio. Según Provea, los trabajadores que lideraron una huelga por reivindicaciones laborales, fueron detenidos por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y serán presentados ante un Tribunal con competencia en terrorismo en Caracas.

Qué es una acción urgente de la OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) inició un proceso de diálogo social en el país tras determinar que el Estado venezolano viola los convenios 26 (salarios mínimos), 87 (libertad sindical) y 144 (consulta tripartita).

En este momento también se lleva a cabo la 111° Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, en la que participa el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba.

Es por esto que Richter exige que “se inicien los trámites para una acción urgente en la OIT por este grave incumplimiento”. “Venezuela debería volver a la lista de los 20 países con mayor violación sindical en el mundo”.

La detención de Azócar y Romero “es una violación completa del Estado de derecho, de la institucionalidad, de la función del Poder Judicial que debería ser garante de los derechos y protector de los ciudadanos”, denuncia.

“¿Unos obreros, por exigir sus derechos, son terroristas?, se les envía a una jurisdicción creada especialmente para reprimir a la disidencia política, lo que demuestra que este gobierno es cualquier cosa menos democrático. El Poder Judicial debería ser una barrera de protección frente a la arbitrariedad no el brazo ejecutor de la arbitrariedad”, sentencia.

El tribunal de juicio del trabajo del estado Bolívar emitió una sentencia este martes 13 de junio en la que impide a un grupo de 20 trabajadores de Sidor, entre ellos a Azócar y Romero, manifestar, llamar a acciones contra la empresa en redes sociales o medios de comunicación, después de admitir un amparo constitucional de la directiva de la Corporación Venezolana de Guayana.