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Una protesta frente a la sede de la Fiscalía en Caracas, en la sede de Parque Carabobo, pidió la libertad para los dos trabajadores de Sidor, a quienes encarcelaron el pasado domingo en el estado Bolívar.

Uno de los abogados de la Coalición Nacional Sindical, Eduardo Torres, criticó al fiscal general de la República designado por la extinta Constituyente de 2017, Tarek William Saab, a quien señaló de ser parte del aparato de represión y persecución contra la clase trabajadora venezolana.

«Le decimos a Tarek William Saab que deje de perseguir con sus fiscales a los trabajadores en Venezuela, libertad para todos los trabajadores presos por luchar, respeto a los derechos humanos laborales de todo el pueblo venezolano», dijo Torres con un megáfono en mano y acompañado por trabajadores activos y jubilados este miércoles 14 de junio.

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Quiénes son los trabajadores de Sidor presos

Los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) mantienen desde hace un mes una protesta en la planta de pellas de la empresa básica, pero este domingo efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron a tres de ellos: Juan Cabrera, Daniel Romero y Leonardo Azócar.

A estos dos últimos los privaron de libertad y un tribunal los acusó de los supuestos delitos de boicot, asociación para delinquir e incitación al odio, según dijo Torres este martes 13 de junio. Además, los trasladaron a Caracas, a más de 500 kilómetros de su sitio de residencia.

«Estamos frente a uno de los organismos que lamentablemente se está prestando para crímenes de lesa humanidad, para la persecución, ataques y encarcelamiento ahora de los dirigentes sindicales», expresó el jurista en la manifestación de este miércoles.

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Donde está El Aissami

También se pronunció Roberto Carpio, de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados de la Región Capital, quien reiteró que se mantendrán en las calles para exigir la libertad de estos dos trabajadores, de los seis luchadores sociales a quienes apresaron en julio de 2022 y también para reclamar mejores salarios, pensiones y las luchas de los indígenas como los yukpas, que protestan desde hace varios días en el estado Zulia.

«Estaremos en las calles con todo el pueblo por todas las luchas que hay, por los yukpas, por los salarios y pensiones dignas. No podemos permitir que el gobierno siga reprimiendo los derechos sociales y las protestas pacíficas», reiteró.

Carpio recriminó la presencia de funcionarios policiales, que son parte de los cuerpos de seguridad a los que señalan de reprimirlos durante las manifestaciones que convocan.

Insistió, como en anteriores protestas, en pedirle a la Fiscalía que informe dónde se encuentra el exministro de Petróleo del gobierno de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami. Desde su renuncia el pasado mes de marzo no se conoce su paradero ni tampoco hay información pública sobre si se está investigando o no por los últimos casos de corrupción en Pdvsa, la Superintendencia Nacional de Criptoativos y Actividades Conexas (Sunacrip) y la Corporación Venezolana de Guayana.

Unos 300 trabajadores sometidos a procesos judiciales

En la actividad, el coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado, dijo que en 15 años el gobierno, los tribunales y la fiscalía ha sometido a procesos judiciales a 300 trabajadores, que en muchos casos tienen entre 7 y 8 años en juicio.

Recordó que en el caso de las empresas básicas en Bolívar, desde el mes de enero han apresado a 21 trabajadores; a 19 de ellos al comienzo de año y que deben someterse a régimen de presentación en tribunales, más los recientes casos de Daniel Romero y Leonardo Azócar.

Destacó que frente a un gobierno que «pulverizó las conquistas sociales como las prestaciones, el salario, las cajas de ahorro y las convenciones colectivas, la clase trabajadora tiene el derecho de reclamar estos atropellos.

«No es la primera vez que un sector patronal presenta una acción judicial para tratar de parar una protesta pacífica, en este caso el derecho a la huelga. El problema principal es como los tribunales se han convertido en instrumento de represión y cercenación de derechos. En vez de proteger derechos, los tribunales de la República o algunos jueces de esos tribunales se convierten en instrumentos para condenar o impedir que los trabajadores puedan lograr sus derechos», afirmó este 14 de junio.

A la sede de la Fiscalía en Parque Carabobo, tres trabajadores lograron ingresar para consignar un documento que contiene sus reclamos y pide les dejen manifestar de forma pacífica.

Con información de Mairet Chourio