La hermana de la presa política Emirlendris Benítez, Melania Leal Rosales, exigió atención médica para la mujer a quien condenaron a 30 años de cárcel por el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, que ocurrió en agosto de 2018.
A través de un video que colgó en la red social Twitter, Leal Rosales llama a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez; a la ministra del Servicio Penitenciario, Celsa Bautista Ontiveros y a la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Katherine Harrington, a quienes reitera su solicitud para que Benítez reciba los cuidados hospitalarios que requiere por el deterioro de sus condiciones de salud.
El pasado 11 de julio la familiar publicó una carta en la que recuerda las torturas que sufrió Emirlendris Benítez después de su detención en 2018, que además de provocarle un aborto le dejó graves secuelas.
«En las últimas semanas las autoridades de su centro de detención han retrasado su traslado a un centro médico, en espera de una boleta de traslado, mientras tanto su estado crítico se agrava», describe la joven.
Entre las condiciones que tiene, Leal Rosales habla de los constantes desmayos que sufre la presa política, así como episodios repentinos de subida de la tensión arterial.
«Su familia tenemos que proporcionarle lo necesario para cubrir necesidades básicas como agua, comida y medicación», relata el escrito sobre lo que deben hacer para procurar una mejor reclusión ante la falta de cuidados en su sitio de detención, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) que se encuentra en Los Teques, estado Miranda.
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A Benítez la condenaron a 30 años de prisión por su supuesta vinculación con el atentado que Maduro sufrió en agosto de 2018, cuando encabezaba el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la avenida Bolívar de Caracas.
Su familia y abogado alegan que es inocente, porque a ella la detuvieron cuando acompañaba a su pareja en una carrera que le hizo a uno de los supuestos implicados, sin saber quién era esa persona ni lo que supuestamente había hecho.
El pasado 27 de junio una fuente cercana a la presa política dijo a Efecto Cocuyo que Emirlendris necesita con un urgencia practicarse una resonancia magnética, pero no hay traslado del Inof a una clínica.
Desde que necesita el estudio y hasta la fecha han pasado nueve meses de la petición familiar, que no ha tenido respuesta del TSJ, el Circuito Judicial Penal de Caracas ni el Ministerio para el Servicio Penintenciario.
Ya el 11 de abril pasado la ONG Amnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno de Nicolás Maduro para pedir que la trasladara a un centro asistencial.
«Ahora se enfrenta a una pena injusta de 30 años de prisión en condiciones inhumanas y necesita atención médica urgente, que incluya un diagnóstico completo y un tratamiento integral para las graves secuelas que sufre a causa de la tortura a la que fue sometida desde su detención y durante un periodo de reclusión en régimen de incomunicación», detallaron en un comunicado.
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A través de un video que colgó en la red social Twitter, Leal Rosales llama a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez; a la ministra del Servicio Penitenciario, Celsa Bautista Ontiveros y a la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Katherine Harrington, a quienes reitera su solicitud para que Benítez reciba los cuidados hospitalarios que requiere por el deterioro de sus condiciones de salud.
El pasado 11 de julio la familiar publicó una carta en la que recuerda las torturas que sufrió Emirlendris Benítez después de su detención en 2018, que además de provocarle un aborto le dejó graves secuelas.
«En las últimas semanas las autoridades de su centro de detención han retrasado su traslado a un centro médico, en espera de una boleta de traslado, mientras tanto su estado crítico se agrava», describe la joven.
Entre las condiciones que tiene, Leal Rosales habla de los constantes desmayos que sufre la presa política, así como episodios repentinos de subida de la tensión arterial.
«Su familia tenemos que proporcionarle lo necesario para cubrir necesidades básicas como agua, comida y medicación», relata el escrito sobre lo que deben hacer para procurar una mejor reclusión ante la falta de cuidados en su sitio de detención, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) que se encuentra en Los Teques, estado Miranda.
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A Benítez la condenaron a 30 años de prisión por su supuesta vinculación con el atentado que Maduro sufrió en agosto de 2018, cuando encabezaba el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la avenida Bolívar de Caracas.
Su familia y abogado alegan que es inocente, porque a ella la detuvieron cuando acompañaba a su pareja en una carrera que le hizo a uno de los supuestos implicados, sin saber quién era esa persona ni lo que supuestamente había hecho.
El pasado 27 de junio una fuente cercana a la presa política dijo a Efecto Cocuyo que Emirlendris necesita con un urgencia practicarse una resonancia magnética, pero no hay traslado del Inof a una clínica.
Desde que necesita el estudio y hasta la fecha han pasado nueve meses de la petición familiar, que no ha tenido respuesta del TSJ, el Circuito Judicial Penal de Caracas ni el Ministerio para el Servicio Penintenciario.
Ya el 11 de abril pasado la ONG Amnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno de Nicolás Maduro para pedir que la trasladara a un centro asistencial.
«Ahora se enfrenta a una pena injusta de 30 años de prisión en condiciones inhumanas y necesita atención médica urgente, que incluya un diagnóstico completo y un tratamiento integral para las graves secuelas que sufre a causa de la tortura a la que fue sometida desde su detención y durante un periodo de reclusión en régimen de incomunicación», detallaron en un comunicado.