El abogado Joel García, uno de los defensores de la activista Rocío San Miguel, dijo que tanto su hija Miranda como el papá de la joven y dos de los hermanos de la defensora de derechos humanos, deberán presentarse en tribunales cada ocho días.
García conversó con periodistas la noche del miércoles 14 de febrero en las afueras del edificio donde vive San Miguel, lugar al que llegaron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que allanaron la residencia de la presidenta de la ONG Control Ciudadano.
Fue un allanamiento en búsqueda de pruebas de interés criminalístico, pero lo único que encontraron fue unos mapas de Venezuela con algunas zonas de seguridad, que son de cuando Rocío San Miguel era profesora de altos estudios militares, con zonas de seguridad y defensa de la nación”, explicó el abogado.
Detalló que eran mapas del siglo pasado, parte del material pedagógico de San Miguel, una experta en temas de defensa, seguridad nacional y la Fuerza Armada Nacional.
Su aprehensión, el pasado 9 de febrero, y después su desaparición forzada la reconoció la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, así como ONG locales e internacionales.
Qué dijo el fiscal sobre San Miguel
Sin embargo, el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, desestimó estas denuncias y aseguró en rueda de prensa que el usar el término desaparición forzada podría constituir un delito, porque justificó que a San Miguel la presentaron en tribunales en los lapsos legales, pese a que se hizo después de las 48 horas de su detención.
García dijo que tanto la hija, los hermanos de San Miguel y su expareja se encuentran “en perfecto estado“, después de que el viernes 9 de febrero también quedaron detenidos por las autoridades.
Saab aseguró que la detención de los familiares de San Miguel se produjo por supuesta obstrucción de la justicia. Aunque los liberaron tienen prohibición de salida del país, declarar a los medios y acudir con regularidad al tribunal de la causa.
A San Miguel la acusa la Fiscalía de ser una de las supuestas integrantes de la llamada Operación Brazalete Blanco, una trama conspirativa que pretendía atacar unidades militares y llegar a Caracas para atentar contra Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela.
Desde la ONU hasta ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch pasando por más de 60 locales piden la liberación inmediata de San Miguel, tras considerar que contra ella hay una persecución por ser una de las voces más críticas al gobierno de Maduro en los últimos años.