El fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, negó que la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y cinco familiares, hayan sido víctimas de desaparición forzada.
Desde la sede del Ministerio Público (MP), Saab tachó de “mitómanos” a quienes insisten en denunciar que hubo desaparición forzada de San Miguel y sus allegados. Además, advirtió que es un delito decirlo.
Fustigó a organizaciones no gubernamentales (ONG), periodistas y medios de comunicación, a las que acusó de “prestarse a una campaña de desprestigio contra las instituciones venezolanas”, a propósito del caso de San Miguel.
“Tergiversan el tema de la desaparición, hubo una orden de captura basada en una investigación penal ampliamente difundida en enero. Según Naciones Unidas, se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas que actúan con la aquiescencia del Estado. Eso nunca pasó aquí y se dijo que estaba detenida”, sostuvo Saab este 14 de febrero.
Recalcó que San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, está vinculada con la trama conspirativa “brazalete blanco” que según el Ministerio Público estuvo dirigida a atentar contra la vida de altos funcionarios del Estado y que a la abogada la presentaron dentro de los lapsos legales correspondientes ante el Tribunal 2do con Competencia en Terrorismo el lunes 12 de febrero.
“Señores mitómanos dicen que hay la cualidad brutal de desaparición forzada, los que manejamos el derecho, hemos hecho posgrados y sido activistas de derechos humanos, sabemos que es el secuestro de una persona que no aparece como detenida, que no es presentada en un tribunal y desaparece de por vida, porque la asesinan”, afirmó.
La “misión” de San Miguel según el fiscal
En la alocución transmitida por VTV y otros canales de señal abierta, el funcionario reconfirmó que a Rocío San Miguel se le imputaron los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Ante las denuncias de que no tuvo defensa privada, Saab manifestó que “ella misma” firmó su conformidad de contar con un a defensa pública. Recordó que a la expareja de la activista, el militar retirado Alejandro González de Canales y al que recluyeron en la Dgcim, fue acusado de “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación”.
“Esta señora Rocío San Miguel aparace textualmente mencionada en la orden de operación, ella tenía una misión, delatada por militares detenidos, su misión era comunicar en tiempo real los avances de los atentados terroristas que se iban desarrolllando”, dijo con relación al supuesto plan conspirativo y cómo resultó implicada la abogada.
En cuanto a su hija, Miranda Díaz San Miguel, el padre de esta, Víctor Díaz y los hermanos de la activista, Miguel y Alberto San Miguel, Saab los señaló de incurrir en encubrimiento y obstaculización en la obtención de elementos probatorios por parte de las autoridades, al supuestamente trasladar de un sitio a otro, equipos de computación pertenecientes a la abogada y que una vez imputados recibieron medidas cautelares como régimen de presentación y prohibición de salida del país.
La defensa de San Miguel sostiene que sí fue víctima de desaparición forzada desde el momento de la detención en el aeropuerto de Maiquetía, el viernes 9 de febrero, por cuanto se desconoció su paradero hasta este martes 13 de febrero y ningún organismo de seguridad, incluyendo el Sebin de El Helicoide, había admitido que la tenía.
Este martes, los abogados alertaron que permanecía incomunicada, al igual que González y que no habían tenido acceso a la activista.
ONG “financiadas” para campaña
Saab repitió el video del militar retirado detenido por estar involucrado en la supuesta conspiración para derrocar a Maduro, Anyelo Heredia, en el que da detalles del complot denunciado por el gobernante Nicolás Maduro el 15 de enero.
“¿Qué quieren para creer lo que está diciendo? ¿Qué hubieran volado los cuarteles, logrado los intentos de asesinatos? Esto da asco, es lavarle la imagen a los terroristas que ellos les conviene, ahora hay terroristas buenos y malos, eso no es así”, rechazó.
También cargó contra las ONG venezolanas al señarlas de recibir financiamiento internacional para “prestarse” a campañas de desprestigio contra el Estado venezolano, lo que calificó como la “instrumentalización de las ONG y de los partidos políticos contra el país”.
Renegó de la formación y trayectoria en la defensa de los DD. HH. de las organizaciones y de la propia San Miguel a la que señaló de usar “una fachada” de activista.
“En 2020 la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) admitió que entregó 128 millones de dólares desde 2017 para apoyar a defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, medios independientes y supervisores electorales en Venezuela, así como para ayudar al gobierno interino y a la Asamblea Nacional a desarrollar planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”, sostuvo.