La audiencia de apelaciones que se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional (CPI) ha reunido al Estado, la Fiscalía y a la representación de las víctimas, tras la decisión previa de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo, que en junio de este año autorizaron reanudar la investigación en Venezuela por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Este martes 7 de noviembre, comenzó el debate en La Haya, donde las autoridades del gobierno venezolano afirmaron que comenzaron a investigar los presuntos casos, mientras que la Sala Penal de la Corte afirma que tales procesos no se han llevado a cabo.
Tras la audiencia, Mariano de Alba, analista de Crisis Group, aseguró mediante su cuenta de la red social X, que durante la comparecencia hubo, a su criterio, dos asuntos claves que la Fiscalía de la CPI dejó entrever.
“La Fiscalía todavía considera que las autoridades tienen la posibilidad de adelantar investigaciones y juicios a presuntos responsables”, escribió el especialista en derecho y política internacional.
De Alba destacó que esta posición las víctimas no la ven factible ya que durante la audiencia la representación de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas sostuvo que la posición “es que Venezuela no está investigando ni investigará en el futuro los crímenes”.
Para el especialista en derecho internacional a partir de las limitaciones que tiene la CPI, es evidente que buscan un balance entre el necesario establecimiento de responsabilidades a nivel internacional y la construcción de condiciones fácticas e institucionales para que dentro del país pueda haber justicia.
El analista de Crisis Group señala que por eso la Fiscalía de la Corte suscribió un acuerdo de cooperación con el gobierno de Nicolás Maduro y espera para abrir una oficina de asistencia en Caracas.
“Los retrasos del Gobierno en permitir esa cooperación, dejan más en evidencia su falta de voluntad para investigar”, dice.
Crímenes cometidos desde 2017
De Alba explicó que la Fiscalía de la Corte expresó nuevamente, que, por el momento, su enfoque principal son los presuntos crímenes cometidos a partir de abril de 2017, y particularmente, en las detenciones arbitrarias que derivaron en casos de tortura y violencia sexual durante esos meses de protestas antigubernamentales.
El especialista señala que, por ahora, el escenario más probable es que si la CPI llegara a emitir eventuales órdenes de captura contra los altos responsables, sería en contra de funcionarios civiles o militares involucrados en la comisión de esos crímenes.
Argumentos del Gobierno
Uno de los argumentos que el Gobierno usa para apelar a la decisión de la Corte que permite la continuación de la investigación es que la Fiscalía no fue suficientemente específica sobre los delitos que pretende investigar.
Pero el experto señala que es un argumento es débil porque, durante esta etapa, la Fiscalía no necesita detallar crímenes ni sospechosos.
Otro de los argumentos del Estado durante la audiencia fue que la Fiscalía no remitió a la Corte la traducción al inglés de más de 25 mil páginas enviadas por Venezuela; pero De Alba señala que éste es débil porque si esos documentos demostraran que las autoridades venezolanas están investigando y realizando juicios por la comisión de delitos de lesa humanidad, el mismo Estado ya las hubiera traducido y compartido.
“La disputa sobre las traducciones podría ser otra maniobra para tratar de alargar el procedimiento. No se puede descartar que la Sala de Apelaciones decida otorgarle la oportunidad a Venezuela de presentar en inglés los documentos que considere fundamentales para probar su caso”, dijo el experto.
El especialista en política y derecho internacional explicó que otros de los motivos por los cuales el Gobierno apelaba a la decisión de la Corte, fue que en el organismo no consideró toda la documentación necesaria. “Veo improbable que la Sala de Apelaciones lo valide”, indicó.
“Como lo sostuvo la Fiscalía de la CPI en la audiencia, incluso asumiendo que el Ministerio Público tuviese un expediente con número para todos los casos identificados por la Fiscalía de la Corte, eso no prueba que se ha investigado y/o enjuiciado presuntos crímenes”, prosiguió.
De Alba señala que la misma Sala de Apelaciones que condujo esta audiencia reconoció la discrecionalidad de la Corte para evaluar documentos y recordó que la obligación de demostrar que si hay una investigación suficiente corresponde al Estado.
“Hoy quedó en evidencia que Venezuela no lo ha hecho”, enfatizó.