Loredana Hernández, hija del general y preso político Héctor Armando Hernández Da Costa, denunció este 26 de septiembre que el estado de salud de su padre se ha agravado en las últimas tres semanas y solicitó que lo trasladen a un centro médico para que sea atendido por un especialista.
Indicó que el militar está presentando cada vez más síntomas de un posible ACV, pero aún no le han prestado la atención que necesita en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el este de Caracas, donde se encuentra recluido.
“Él ya sufrió hace un mes un accidente cerebrovascular y en la cárcel no nos prestaron atención. Él ya viene presentando patologías y es operado incluso del mismo corazón. En la Dgcim nos dicen que lo van a atender pronto y yo pensaba que ese “pronto” era el mismo día o el día siguiente”, dijo Hernández a Efecto Cocuyo, en llamada telefónica.
No obstante, hasta el momento Hernández Da Costa no ha sido llevado a ningún hospital ni revisado por un doctor especializado. El 23 de septiembre Loredana publicó un vídeo en redes sociales donde reportó la situación.
“Mi miedo es que me entreguen a un padre muerto. Esperamos que, con el vídeo que yo hice, lo trasladen a un médico especializado”, expresó.
Sin poder ver el sol
El general Hernández Da Costa fue detenido en agosto de 2018 por el caso de atentado con drones contra el mandatario Nicolás Maduro, ocurrido en ese mismo año. Si bien aseguró en múltiples ocasiones su inocencia, en 2022 lo condenaron a 16 años de prisión.
La hija de Hernández Da Costa aseguró que el militar se encuentra aislado y tiene poco acceso al sol, lo que le ha traído problemas en la piel.
“Algunas de las patologías que sufre son crisis hipertensiva, síndrome coronario agudo por angina inestable, cefalea tensional, tiene diabetes tipo 2, hiperplasia prostática y carencia de vitamina D”, explicó.
No es la primera vez que familiares piden que tenga acceso al sistema de salud en Venezuela. Loredana recuerda que su padre posee medidas cautelares que les fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y que no se han respetado.
En 2022, el Observatorio Nacional de DDHH y la ONG Justicia y Proceso notificaron que el militar no había recibido el tratamiento que necesitaba y pidieron respuestas a las autoridades.
Su hija añadió que solo pueden contactarlo una vez a la semana o cada quince días. Esas llamadas son censuradas o vigiladas, comentó. Además, en la Dgcim no le proporcionan alimentos o tratamientos, por lo que su madre es quien debe llevar todos los insumos semanalmente.
Lo que dice la Misión de la ONU
En agosto de 2023, Francisco Cox, integrante de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, expresó que las condiciones de detención en el país son claramente violatorias de cualquier estándar internacional
“…pero no solo se limitan a tortura, falta de alimentos y atención médica, sino en el trato que reciben los familiares y abogados”, puntualizó Cox.
En el informe presentado en 2020, la Misión identificó que las instalaciones de la Dgcim no se encuentran adecuadamente equipadas o no “tienen un mandato legal para servir de centros de detención”.
Así mismo, en la cuarta entrega de la investigación, recomendó al gobierno venezolano encargarse de que los cuerpos de seguridad cesen y desistan inmediatamente de cualquier práctica que constituya tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
Para el 18 de septiembre de 2023, la organización Foro Penal había registrado un total de 281 presos políticos en Venezuela, de los cuales 154 son militares.