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El padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla, y el coordinador de accesibilidad de Provea, Marino Alvarado, informaron este 23 de junio que llegaron a un acuerdo conciliatorio con el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, tras la demanda que este interpuso en contra de los activistas por presunta difamación el 17 de mayo.

La audiencia de conciliación se organizó el 22 de junio ante el juzgado tercero de primera instancia de Carabobo, según el abogado defensor, Joel García. Con ello, se da por terminado el proceso legal. 

En rueda de prensa este jueves, Infante leyó un comunicado con el que aseguró que no hubo intención de señalar a Lacava como responsable directo o indirecto de las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en Carabobo y que fueron documentadas en el informe anual de Lupa por la Vida. 

«Si por nuestros pronunciamientos pasados ha sido interpretado que pretendimos ponerle en tela de juicio, señalarle o sentenciarle, nos retractamos hoy de tales señalamientos. Reiteramos que responsabilizar personalmente a cualquier individuo de situaciones tan delicadas correspondería a las instancias competentes, garantizando el debido proceso», indicó el sacerdote. 

Así mismo, apuntó que seguirá solicitando la investigación rigurosa de las muertes violentas que ocurren en Venezuela, a manos de cuerpos de seguridad. 

El comunicado 

«De nuevo, en aras de aclarar definitivamente la situación, y prevenir cualquier distorsión posible de interpretación, reiteramos ante la opinión pública que no tuvimos ni tenemos motivo, fundamento, interés particular o prueba alguna para afirmar o sugerir que el Gobernador Lacava haya tenido responsabilidad o relación con los hechos que mencionamos en nuestro informe Lupa por la Vida de 2021», reza el comunicado firmado por Alvarado e Infante. 

Este último recordó que las organizaciones no gubernamentales que ambos representan se han dedicado a monitorear el desempeño policial y que en 2006 participaron en la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol).

Explicó que las ONG están dispuestas a colaborar con el Estado, siempre que se impulsen iniciativas para la promoción, educación, fortalecimiento y protección de los derechos humanos en la región. 

Acuerdos con Lacava

Alvarado expresó que tanto él como el padre Infante se han reunido en varias ocasiones con el equipo de Lacava y que han sido recibidos con cordialidad. Agregó que esto abre las puertas a trabajos conjuntos futuros. 

«El acto de conciliación es para evitar un futuro litigio. Lo que queda es, una vez cumplido con un cronograma de trabajo establecido por las partes, el juez de primera instancia debe sobreseer la causa, dando por terminado el proceso. Yo aplaudo estas conversaciones fructíferas que se sostuvieron con la gobernación del estado Carabobo», explicó el abogado García.

El cronograma contempla la difusión del comunicado en medios digitales, redes sociales y diarios regionales. Empieza este 23 de junio y culmina el 23 de agosto. 

No obstante, los activistas afirmaron que continuarán documentando las violaciones a los derechos humanos que puedan ocurrir en Carabobo. 

«Lo que encontremos sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en Carabobo, las seguiremos informando», dijo Alvarado. 

Defender los DDHH en Venezuela

Joel García reiteró que defender los derechos humanos en un país como Venezuela, con una emergencia humanitaria compleja, siempre va a suponer un riesgo. 

«Quienes violan derechos humanos son los funcionarios del Estado, el riesgo siempre va a estar ahí. La denuncia la puede realizar cualquier persona», señaló. 

Infante y Alvarado comentaron que no cometieron ningún delito al publicar el último informe de Lupa por la Vida y que seguirán monitoreando casos de muertes e irregularidades a lo largo del país, pues reciben denuncias de todos los estados venezolanos. 

Comunicado de Retractación y Aclaratoria by Efecto Cocuyo on Scribd