La ONG Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys-Venezuela) reportó 257 casos de agresiones contra trabajadores de la prensa en 2022, que se tradujeron en «373 vulneraciones a las libertades informativas» en el país.
En su informe anual «Periodismo bajo las sombras» documentaron el cierre de 107 emisoras de radio en todo el país, que se clausuraron entre enero y diciembre de 2022 por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
También registraron 62 casos que «incluyen criminalización al ejercicio de la labor periodística y campañas de desprestigio y desinformación desde los actores de poder».
Entre los hechos destaca el cierre de 56 espacios informativos y de opinión en emisoras de radio, 55 hechos de agresiones o ataques, 27 incidencias de bloqueos a medios digitales y 29 hechos de hostigamiento judicial.
«Funcionarios públicos y simpatizantes del oficialismo mantuvieron las agresiones a través del discurso y la criminalización contra el periodismo crítico. Estos hechos afectaron a 31 periodistas y 21 medios de comunicación» se lee en el informe que se dio a conocer este domingo 5 de marzo.
Añadieron que las cifras registradas el año pasado son ligeramente cercanas a las que se monitorearon durante 2021.
«Entre enero y diciembre de 2022, mediante su sistema de monitoreo de alertas, el IPYS Venezuela registró 257 casos que constituyeron un total de 373 vulneraciones, cifras que son cercanas a las contabilizadas en 2021 —249 incidentes y 380 violaciones a la libertad de expresión—. Tal realidad deja en evidencia la persistencia de patrones de silenciamiento que pretenden callar a periodistas, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil».
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En su resumen señalaron el asesinato de un comunicador popular en Apure, en enero de 2022; 130 restricciones administrativas, 62 hechos de discursos estigmatizantes, 55 agresiones físicas y verbales, 43 restricciones de acceso a la información, 21 actos de censura, dos detenciones arbitrarias, una desaparición forzada y dos alertas por violencia de género.
«También continuaron los procesos penales del periodista Roland Carreño, injustamente privado de libertad desde octubre de 2020, y del reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, acusado de presunta instigación al odio en 2018 y sometido a un régimen de presentación.
El estado Zulia se mantuvo como la región con más casos de agresiones a periodistas. En la entidad del occidente del país se documentaron 34 casos; le siguieron Falcón con 24 y Táchira con 23. También hubo acciones en Barinas (13), Sucre (12), Cojedes (10), Área Metropolitana de Caracas (8), Mérida (7), Portuguesa (7), Yaracuy (7), Anzoátegui (6), Nueva Esparta (6), Monagas (5), Apure (4), Aragua (4), Carabobo (4) Bolívar (3), Guárico (2), Trujillo (2), Vargas (2), Delta Amacuro (1) y Miranda (1)
«Se constataron 65 casos de impacto nacional, y del total de registros, 196 sucedieron en el entorno tradicional y 61, en el ámbito digital», señala el documento.
También reiteran a las autoridades que «el periodismo independiente, así como la diversidad de voces, son elementos fundamentales para la constitución y el desarrollo de las sociedades democráticas. Esta organización reitera su llamado al Estado venezolano de ser garante de las condiciones para ejercer el libre trabajo de la prensa y del acceso a la información de forma oportuna y con transparencia».
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La ONG Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys-Venezuela) reportó 257 casos de agresiones contra trabajadores de la prensa en 2022, que se tradujeron en «373 vulneraciones a las libertades informativas» en el país.
En su informe anual «Periodismo bajo las sombras» documentaron el cierre de 107 emisoras de radio en todo el país, que se clausuraron entre enero y diciembre de 2022 por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
También registraron 62 casos que «incluyen criminalización al ejercicio de la labor periodística y campañas de desprestigio y desinformación desde los actores de poder».
Entre los hechos destaca el cierre de 56 espacios informativos y de opinión en emisoras de radio, 55 hechos de agresiones o ataques, 27 incidencias de bloqueos a medios digitales y 29 hechos de hostigamiento judicial.
«Funcionarios públicos y simpatizantes del oficialismo mantuvieron las agresiones a través del discurso y la criminalización contra el periodismo crítico. Estos hechos afectaron a 31 periodistas y 21 medios de comunicación» se lee en el informe que se dio a conocer este domingo 5 de marzo.
Añadieron que las cifras registradas el año pasado son ligeramente cercanas a las que se monitorearon durante 2021.
«Entre enero y diciembre de 2022, mediante su sistema de monitoreo de alertas, el IPYS Venezuela registró 257 casos que constituyeron un total de 373 vulneraciones, cifras que son cercanas a las contabilizadas en 2021 —249 incidentes y 380 violaciones a la libertad de expresión—. Tal realidad deja en evidencia la persistencia de patrones de silenciamiento que pretenden callar a periodistas, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil».
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«También continuaron los procesos penales del periodista Roland Carreño, injustamente privado de libertad desde octubre de 2020, y del reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, acusado de presunta instigación al odio en 2018 y sometido a un régimen de presentación.
El estado Zulia se mantuvo como la región con más casos de agresiones a periodistas. En la entidad del occidente del país se documentaron 34 casos; le siguieron Falcón con 24 y Táchira con 23. También hubo acciones en Barinas (13), Sucre (12), Cojedes (10), Área Metropolitana de Caracas (8), Mérida (7), Portuguesa (7), Yaracuy (7), Anzoátegui (6), Nueva Esparta (6), Monagas (5), Apure (4), Aragua (4), Carabobo (4) Bolívar (3), Guárico (2), Trujillo (2), Vargas (2), Delta Amacuro (1) y Miranda (1)
«Se constataron 65 casos de impacto nacional, y del total de registros, 196 sucedieron en el entorno tradicional y 61, en el ámbito digital», señala el documento.
También reiteran a las autoridades que «el periodismo independiente, así como la diversidad de voces, son elementos fundamentales para la constitución y el desarrollo de las sociedades democráticas. Esta organización reitera su llamado al Estado venezolano de ser garante de las condiciones para ejercer el libre trabajo de la prensa y del acceso a la información de forma oportuna y con transparencia».