El profesor, activista venezolano y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, vio como, nuevamente, su audiencia fue diferida el martes 21 de noviembre. En este caso, el argumento fue “por incidencias presentadas por la defensa”. La audiencia fue pospuesta para el próximo 5 de diciembre.
Sin embargo, la preocupación crece por la salud de Tarazona, tras comentarse en numerosas ocasiones que las condiciones físicas del activista han empeorado desde que lo detuvieron en julio de 2021.
El caso de Tarazona ha sido mencionado en varias ocasiones por organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha sido enfática en la solicitud de liberación del venezolano. El actual Alto Comisionado, Volker Türk y su predecesora, Michelle Bachelet, pidieron al gobierno venezolano que excarcelara al activista.
Mientras tanto, las autoridades venezolanas no solo han hecho caso omiso a las solicitudes de la ONU, sino que parecieran indiferentes ante el empeoramiento del estado de salud de Javier Tarazona.
De poner una denuncia a ser detenido, así empezó el caso de Javier Tarazona
El 30 de junio de 2021, Javier Tarazona acudió a la sede de la Fiscalía General de la República con la intención de denunciar la relación de funcionarios del gobierno venezolano con grupos guerrilleros de Colombia. Esto, ocurrió en el contexto del conflicto armado que ocurrió en el estado Apure, donde fuerzas militares venezolanas se enfrentaron a facciones de guerrillas colombianas. Este suceso dejó a 24 personas muertas y miles de desplazados por la violencia.
Dos días después de la denuncia de Tarazona, durante un recorrido por el estado Falcón, el defensor de derechos humanos fue abordado por funcionarios del Sebin que lo detuvieron a él y a otros dos activistas. A los tres los llevaron a Caracas, específicamente a los calabozos del Sebin sin una orden judicial y, curiosamente, días después de que Tarazona denunciara que estaba siendo perseguido por funcionarios de seguridad del Estado.
Posteriormente se conoció que Tarazona era investigado por traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. De inmediato, organizaciones internacionales expresaron su preocupación por esta acción y exigieron la liberación de activista venezolano.
Dos años a la espera de un juicio
La audiencia preliminar de Tarazona fue diferida en 13 ocasiones. Durante estos más de dos años de reclusión en El Helicoide, la salud de Javier Tarazona se deterioró notablemente.
El activista es paciente hipertenso con dislipidemia debido a su sobrepeso. Además tiene problemas cardiovasculares y arritmias cardíacas permanentes.
Los familiares de Tarazona han denunciado esta situación. Su esposa, Kenny Molina, ha dicho en varias ocasiones que su pareja corre peligro de muerte debido a su estado de salud.
Sobre el nuevo aplazamiento de este martes 21 de noviembre, Provea emitió un comunicado en el que cita al Código Procesal Penal venezolano. “En su Art. 230, se establece que en ningún caso podrá exceder el plazo de 2 años de detención preventiva, Javier Tarazona ya cumplió ese tiempo y aún permanece privado de su libertad”, indicó Provea. Para ser exactos, Tarazona lleva detenido 873 días este miércoles 22 de noviembre.
Ahora, la familia de Tarazona y su defensa tendrán que esperar hasta el próximo 5 de diciembre para saber el destino del defensor de derechos humanos que podría iniciar el 2024 recluido en el mismo lugar donde ha pasado los últimos dos años.