El jurista Joel García, miembro del equipo de defensa de la abogada y activista Rocío San Miguel, denunció que este jueves 28 de marzo vence el plazo para que la presidenta de la ONG Control Ciudadano pueda defenderse.
Sin embargo, desde su arresto, desaparición forzada y presentación en tribunales, a la defensora de derechos humanos no le han permitido designar una defensa privada, como lo establece la Constitución de Venezuela de 1999.
«Mañana 28/3 vence el lapso para que Rocío San Miguel pueda solicitar diligencias de investigación y promover medios de pruebas, pero esto ha sido impedido por el juez de la causa al no permitir designar su equipo de defensa. Igualmente, las Cortes declaran inadmisible los amparos», posteó García en su cuenta de la red social X, antes Twitter, este miércoles 27 de marzo.
Cuánto tiempo tiene presa San Miguel
A San Miguel la detuvieron el pasado 9 de febrero cuando iba a salir del país junto con su hija Miranda Díaz Miguel. En el punto de control migratorio del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas, la apresaron.
Fue el 12 de febrero cuando la presentaron en un tribunal contra el terrorismo de Caracas, y pese a que días antes sus abogados intentaron conocer su sitio de reclusión, no fue hasta después que la llevaron al juzgado que les informaron que la iba a recluir en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide.
Desde entonces y durante cinco semanas los abogados privados que esperan asumir su defensa acuden al Palacio de Justicia a la espera de que la trasladen, pero desde su presentación el 12 de febrero, hace un mes y 15 días, no ha ocurrido ese proceso.
Hasta ahora sólo cuenta con un defensor público que le asignó el Estado, frente a las quejas por este procedimiento que es un patrón que denuncian ONG nacionales y organismos internacionales de DDHH sobre cómo le impiden a los presos políticos tener defensores privados.
San Miguel y su familia investigados
Además de San Miguel, el Ministerio Público detuvo al coronel retirado de la Aviación, Alejandro González de Canales, expareja de la abogada y activista, al que señalaron de difundir secretos militares, pese a que está en situación de retiro. Después de tenerlo en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta, en Caracas, lo trasladaron a la cárcel de El Rodeo I.
Y tanto la hija de San Miguel, como el papá de la joven y dos hermanos de la defensora de DDHH tienen una causa abierta por la Fiscalía, que los acusó de querer borrar pruebas que supuestamente incriminaban a la abogada en un supuesto plan conspirativo que denominaron «brazalete blanco».
Aunque estuvieron privados de libertad, el 12 de febrero los liberaron con medidas de presentación cada ocho días en tribunales, prohibición de salida del país y de declarar a los medios de comunicación sobre la causa penal en su contra.