La Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (Alpec) junto a juristas especializados en el estudio de la violencia, seguridad ciudadana, política criminal y derechos humanos en la región, pidieron a las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro cesar lo que consideran es «terrorismo de Estado», traducido en represión contra manifestantes y detenciones ilegales de ciudadanos pertenecientes a organizaciones no gubernamentales (ONG) o partidos políticos.
Mediante un comunicado también suscrito por activistas, intelectuales y académicos del continente, la Alpec expresó su preocupación ante la intensificación de la violencia institucional que se ha expandido durante la última semana en Venezuela, a raíz de la proclamación de Nicolás Maduro como presidente de la República, «sin haberse totalizado el 100% de los votos, tal como lo ordena la legislación electoral del país, por un Consejo Nacional Electoral (CNE) totalmente controlado por el Ejecutivo Nacional y que carece de credibilidad nacional e internacional», agregan.
Según este grupo de juristas, la oposición posee más del 81% de las actas escrutadas el 28 de agosto y dan como ganador a Edmundo González Urrutia por una diferencia 2 a 1 respecto a Maduro. «Este desconocimiento de la voluntad popular por parte del gobierno generó una serie de protestas espontáneas, más de 500 en todo el país, a las que la coalición gobernante ha respondido de manera violenta, arbitraria e ilegal».
La Alpec considera que el actual Estado venezolano ha puesto en marcha de una manera intensiva, como nunca antes, todos los dispositivos represivos que ha venido diseñando e implementando durante los últimos 12 años.
«En una semana se cuentan más de 20 personas fallecidas, al menos cuatro por intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, otras a manos de funcionarios de civil, que actúan como bandas paramilitares, popularmente conocidas como colectivos.
El conglomerado de abogados y jueces latinoamericanos destacaron y denunciaron el uso de la fuerza para contener a la oposición.
Exigieron además «el cese inmediato de estas violaciones masivas a los derechos humanos en contra de la población, y la adjudicación de las responsabilidades penales correspondientes para garantizar su no repetición» y «que se realice un conteo y auditoría técnica, creíble e independiente, de todas las actas de escrutinio. Los votos y las actas de escrutinio, la aceptación de los resultados, son el camino para la paz».