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El estado de salud del preso político Guillermo Zárraga, ingeniero y exempleado de Pdvsa detenido desde hace dos años y cuatro meses, alertó a familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre la situación de salud de los presos políticos en Venezuela. 

“La salud de mi papá se deteriora cada vez más, ha bajado muchísimo de peso y ha presentado síncope cardíaco, lo cual le produjo una caída y posterior golpe”, denunció Diego Zárraga, hijo del preso político.

Las denuncias sobre el empeoramiento de la salud de muchos presos políticos no son nuevas. Martha Tineo, directora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (Jepv), señala que durante los últimos meses han visto cómo la situación de salud de algunos detenidos políticos se ha complicado.

“Esto tiene que ver lógicamente con las condiciones de reclusión, sabemos pues que en las cárceles venezolanas no se recibe la alimentación debida. Si no tienen dotación de alimentos, de agua potable, mucho menos tienen atención médica”, explica a Efecto Cocuyo la abogada y defensora de derechos humanos. 

A pesar de que en algunas cárceles hay servicios de salud o enfermería, no cuentan con los insumos necesarios para atender las complicaciones de salud de los privados de libertad y son los familiares quienes tienen que proveer los medicamentos y las atenciones médicas. 

Tineo señala que los familiares tienen básicamente toda la responsabilidad de dotar a los presos políticos de alimentos, de agua, de medicamentos y de  insumos para la higiene en en en medio de una situación tan compleja como la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. 

“La situación de salud de estas personas se va agravando y se va deteriorando cada día más. La mayoría de los presos políticos de Venezuela, al día de hoy, se encuentran enfermos y muchos como consecuencia de las torturas de las que fueron víctimas desde el mismo momento de su detención y otros como consecuencia de las propias condiciones de reclusión”, agrega. 

La defensora de derechos humanos reitera que la mayoría de los presos políticos del país podrían estar enfermos. Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza hasta el viernes 17 de marzo, a 320 personas detenidas por motivos políticos en el país.

Enfermedades más comunes

Tineo explica que muchos de los privados de libertad por razones políticas tienen problemas hepáticos, otros sufren de enfermedades gástricas, hipertensión, dolores crónicos de cabezas, dolores musculares. 

“La mayoría de las enfermedades están asociadas de nuevo con problemas gástricos, hepáticos,  hipertensión y, por supuesto, dolores generalizados como consecuencia de las torturas y de la situación en la que se encuentran”, dice Tineo.

La defensora de derechos humanos subraya que los presos con más quebrantos de salud en las cárceles son quienes ya al momento de entrar en prisión tenían algunas patologías propias y estas se han ido agudizando a lo largo de sus años de reclusión. 

 “También quienes han recibido las más fuertes torturas hoy padecen de dolores crónicos, además de problemas psicológicos, emocionales y ataques de pánico. Hay presos políticos que padecen de cáncer; tenemos un caso de un privado de libertad por razones políticas con cáncer en fase terminal y no ha habido forma de que a esta persona se le conceda por ejemplo una medida humanitaria”, dice. 

Tineo recordó el caso de la presa política Ermilendris Benítez, quien sigue recluida en el Inof, a pesar de casi no poder caminar. 

Otro de los presos políticos en delicado estado de salud es Leonardo Antonio Carrillo Primera, militar retirado de la Guardia Nacional. Está privado de libertad en Ramo Verde desde el 25 de abril de 2020 y sufre de hipertensión y síndrome de colon irritable.

Muchos de los presos políticos están detenidos en cárceles alejadas a sus lugares de domicilio, lo que complica más la situación porque cuando alguno de ellos se enferma a los familiares se les dificulta más hacerles llegar los medicamentos e insumos que necesitan para cumplir con algún tratamiento médico. 

“Los familiares y la organizaciones defensoras de derechos humanos exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos de Venezuela al día de hoy”, exigió Tineo. 

¿Qué dicen las normativas internacionales sobre la atención médica para los presos?

Según las Normas internacionales de derechos humanos para funcionarios de instituciones penitenciarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) toda persona detenida tiene derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. 

La normativa también destaca que es responsabilidad del custodio que los privados de libertad tengan acceso gratuito al tratamiento médico que necesiten, así como a solicitar una segunda opinión médica sobre su enfermedad, según el principio 24 de los Principios sobre la detención o prisión de la ONU. 

La ONU establece que en todos los recintos carcelarios debe existir atención médica que sea prestada por un médico calificado y que las decisiones acerca de la salud de un recluso serán tomadas, respetando las razones médicas, por personas debidamente calificadas.

Según los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes el personal médico tiene el deber de proporcionar a las personas presas o detenidas el mismo nivel de calidad de tratamiento que se brinda a las personas que no están presas o detenidas. 

Misión sobre Venezuela presenta su informe ante el Consejo de Derechos Humanos

Hasta junio de 2022, según el Informe situación Derechos Humanos en Venezuela por la Alta Comisionada ONU el Ministerio Público tenía 235 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad, incluidas 20 relacionadas con personas que enfrentan cargos relacionados con el terrorismo.

Durante el periodo que abarca el informe, el ACNUDH documentó al menos 29 casos, entre ellos cuatro mujeres, en los que no se atendieron con prontitud las solicitudes de exámenes de salud y traslados médicos. Si bien se realizaron algunos traslados, los familiares alegaron dificultades para recibir informes médicos. El tratamiento de seguimiento también se ha retrasado en algunos casos. Las autoridades competentes deben adoptar medidas inmediatas en todos los casos.

El informe de la Alta Comisionada culmina exhortando a las autoridades a garantizar el acceso oportuno a una atención médica adecuada para todas las personas detenidas y considerar alternativas a la detención, incluidas las liberaciones por razones humanitarias de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.