Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

QUÉ CHÉVERE

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

Durante el 2022 policías y militares ejecutaron extrajudicialmente a 824 personas en toda Venezuela, denuncia el más reciente informe de Lupa por la Vida, proyecto que llevan en conjunto el Centro Gumilla y la ONG Provea. Del total de asesinados, 806 (97,82%) fueron hombres y 18 (2,18%) eran mujeres. 

«La Policía Nacional Bolivariana (PNB) es el organismo que más produjo muertes (196) y llama la atención que este cuerpo policial sea el más letal en el país en un contexto en el cual se anunció, desde julio de 2021, un proceso de reestructuración que supuestamente iba a garantizar una actuación con prácticas respetuosas de los derechos humanos», expresó Marino Alvarado, director de exigibilidad de Provea, este 31 de marzo. 

Alvarado aseguró también que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue responsable de 142 asesinatos.

«La alta letalidad pone en evidencia, una vez más, que quienes tienen por mandato, constitucional y legal, proteger la vida, se han convertido en uno de los principales causantes de homicidios en el país (…). La función policial se ha convertido en una maquinaria para producir muerte de manera sistemática», reza el informe.

Te puede interesar: Cofavic denuncia ante Alto Comisionado de la ONU ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

Los datos de Lupa por la vida reflejan una disminución de muertes en comparación con 2021, cuando se contabilizaron 1.414 ejecuciones extrajudiciales en todo el país. No obstante, el informe indica que no hay razones sólidas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de la violencia policial y militar. 

«Se añade como preocupación el que se retomaron intervenciones en zonas populares, que repiten formas de procedimiento usadas en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)», advierte. De hecho, el 66 % de las víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que vivían en zonas populares.

El estado con más ejecuciones 

Aragua fue la entidad que registró mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales, con 135 casos documentados por Lupa por la Vida. En segundo lugar está Miranda (117), siguen Zulia (100), Carabobo (96) y Bolívar (56). Los victimarios fueron policías y militares de distintos organismos, comentó Alvarado. 

«Los municipios Sucre y Lander de Miranda, el municipio Valencia de Carabobo y el municipio Maracaibo de Zulia son los municipios en los que se produjeron mayor cantidad de asesinatos», agregó. 

La mayoría de las muertes ocurrieron durante operativos policiales y militares en comunidades donde habitan familias de pocos recursos. 

«Estos operativos que van cambiando de nombre (“Guaicaipuro”, “Trueno” y otros), dan como resultado lo mismo que ya se ha constituido en patrones de actuación como parte de una política de Estado que realiza de manera sistemática privaciones arbitrarias a la vida y otras violaciones a los derechos humanos», señala el balance de Lupa por la vida. 

Entre las violaciones más comunes a los derechos están los allanamientos de viviendas sin orden judicial (generalmente en horas de la madrugada y con niveles de violencia contra las personas), detenciones arbitrarias y robo de computadoras, teléfonos, ropa, juguetes, alimentos, entre otros.

Letalidad en el estado Carabobo

De acuerdo con Alvarado, de todos los cuerpos de policía estadales, el del estado Carabobo es el más letal de todos con 49 presuntas víctimas registradas el año pasado. Le sigue el del estado Zulia, con 41 ejecuciones. 

«Esto nos indica que la actuación policial con altos niveles de letalidad no depende de asuntos ideológicos. En Carabobo hay un gobernador que está identificado con el gobierno de Nicolás Maduro, el gobernador de Zulia es de oposición. Los resultados son los mismos: un alto nivel de letalidad en ambas entidades», expresó el coordinador de Provea.

En el tercer lugar de la lista está la policía de Aragua con 22 casos, continúa Yaracuy con 17 y Portuguesa con 12.

«En el caso de la policía del estado Carabobo, donde sus máximas autoridades se comprometieron públicamente a garantizar una actuación con pleno respeto a los derechos humanos, se constata que tal propósito dista mucho de ser cumplido y obliga a tomar medidas más eficaces para combatir el delito, con pleno respeto a los derechos humanos», señala el informe. 

Violencia contra los indígenas 

Lupa por la vida recordó la violencia contra la comunidad indígena venezolana, cuyo ejemplo más reciente es el asesinato de cuatro indígenas yanomami el 20 de marzo de 2022, en la localidad de Parima B, municipio Alto Orinoco, estado Amazonas. Los responsables fueron funcionarios militares del componente Aviación: 

«La actuación del componente Aviación, ratifica lo perjudicial que resulta la actuación de la fuerza armada no preparada para el uso proporcional y diferenciado de la fuerza y lo vulnerable de los pueblos indígenas en un contexto de existencia de grupos armados irregulares y alta presencia militar en sus territorios».

El informe también destaca que 2022 es el primer año, desde 2013, sin asesinato de manifestantes. En el año 2021 se registró el asesinato de un manifestante, mientras que en 2020 hubo seis.

Recomendaciones al Estado

Lupa por la vida recomendó al Estado venezolano tomar las siguientes medidas para atender la grave situación de la violencia policial en el país: 

1️⃣ Desmilitarizar los mandos de los cuerpos policiales y las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana cumpliendo con el artículo 332 de la Constitución que establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil.

2️⃣ Cesar la criminalización de los jóvenes de los sectores populares y desarrollar políticas públicas que brinden oportunidades de prosperidad y calidad de vida adecuada con una política de seguridad ciudadana que priorice las labores preventivas.

3️⃣ Establecer las responsabilidades penales, tanto de los autores materiales de las violaciones al derecho a la vida como de las cadenas de mando intermedias y superiores de los organismos policiales y militares.

4️⃣ Adoptar las recomendaciones que en materia de seguridad ciudadana y uso de la fuerza han propuesto la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«A pesar de los informes de la Misión de Determinación de Hechos, que han exhortado a que haya una profunda reorganización de organismos policiales, que se investigue a los responsables (…), prácticamente no se investiga ningún asesinato cometido por policías o militares, sigue en deuda el estado venezolano en el compromiso adquirido con el fiscal de la CPI», puntualizó Alvarado.