Las vulneraciones a los derechos humanos aumentaron 172 % en los llanos venezolanos entre enero y marzo de 2023, advirtió la Fundación de Derechos Humanos de la región (Fundehullan) este 31 de mayo.
La organización documentó 68 casos en seis entidades, cifra tres veces mayor a los registrados en el último trimestre de 2022.
La ONG se desplegó en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Portuguesa y Táchira, donde contabilizó 39 casos de de vulneraciones a la manifestación pacífica (intimidación y hostigamiento), 12 casos de vulneración a la libertad de reunión, de asociación y al espacio cívico y ocho vulneraciones a la libertad personal; detenciones arbitrarias, secuestro y retención.
Además, también registró cinco casos de vulneración al acceso a la información y a estar informado (emisoras y programas cerradas), tres casos de vulneración a la libertad de expresión (Intimidación a periodistas) y un caso de vulneración al derecho a la integridad física.
«Prevalece la política de criminalización contra la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, esta acción crea una base para avalar y facilitar la criminalización, los distintos discursos descalificatorios, detenciones arbitrarias, ataques en contra de la integridad física de ciudadanos, así como agresiones a periodistas y miembros de la sociedad civil», apuntó Fundehullan en una nota de prensa.
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De acuerdo con Fundehullan, enero registró el mayor índice de vulneraciones del derecho a la libertad de asociación y el derecho a reunión de los ciudadanos en los llanos y andes, ya que el 75% de los casos ocurrieron en ese mes.
«En este trimestre se evidenciaron 12 ataques en contra de gremios, sindicatos, ONG y demás miembros de la sociedad civil, el Estado a través de sus instituciones como persisten en hostigar e intimidar las actividades de incidencia convocadas por la sociedad civil y el sector intergremial, limitando el espacio cívico, la libertad de expresión y la manifestación pacífica de los ciudadanos», aseguró la ONG.
Recordó que la Asamblea Nacional aprobó el 24 de enero, en primera discusión, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Sobre ello, reiteró que el documento representa una amenaza al funcionamiento de la sociedad civil organizada en Venezuela.
El balance de Fundehullan reporta tres emisoras y dos programas de radio cerrados, además de tres ataques contra periodistas en los Llanos. Estos denunciaron que fueron víctimas de amenazas por presuntamente difundir información falsa a través de redes sociales.
Por otro lado, la ONG destacó que se contabilizaron 110 manifestaciones pacíficas desde el 9 de enero de 2023, del personal sanitario y docente. En 39 de ellas se presentaron ciudadanos no identificados y funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en Barinas, Guárico, Portuguesa, Cojedes y Apure.
«En cuanto a las incidencias y vulneraciones contra el derecho a la manifestación pacífica, el estado Barinas reflejó 69% (27 casos), seguido de Guárico con el 10% (04 casos), Táchira con el 8% (3 casos), Apure con el 5% (02 casos), al igual que el estado Portuguesa con un 5% (02 casos) y por último el estado Cojedes 3% (01 caso)», puntualizó la fundación.
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La organización documentó 68 casos en seis entidades, cifra tres veces mayor a los registrados en el último trimestre de 2022.
La ONG se desplegó en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Portuguesa y Táchira, donde contabilizó 39 casos de de vulneraciones a la manifestación pacífica (intimidación y hostigamiento), 12 casos de vulneración a la libertad de reunión, de asociación y al espacio cívico y ocho vulneraciones a la libertad personal; detenciones arbitrarias, secuestro y retención.
Además, también registró cinco casos de vulneración al acceso a la información y a estar informado (emisoras y programas cerradas), tres casos de vulneración a la libertad de expresión (Intimidación a periodistas) y un caso de vulneración al derecho a la integridad física.
«Prevalece la política de criminalización contra la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, esta acción crea una base para avalar y facilitar la criminalización, los distintos discursos descalificatorios, detenciones arbitrarias, ataques en contra de la integridad física de ciudadanos, así como agresiones a periodistas y miembros de la sociedad civil», apuntó Fundehullan en una nota de prensa.
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De acuerdo con Fundehullan, enero registró el mayor índice de vulneraciones del derecho a la libertad de asociación y el derecho a reunión de los ciudadanos en los llanos y andes, ya que el 75% de los casos ocurrieron en ese mes.
«En este trimestre se evidenciaron 12 ataques en contra de gremios, sindicatos, ONG y demás miembros de la sociedad civil, el Estado a través de sus instituciones como persisten en hostigar e intimidar las actividades de incidencia convocadas por la sociedad civil y el sector intergremial, limitando el espacio cívico, la libertad de expresión y la manifestación pacífica de los ciudadanos», aseguró la ONG.
Recordó que la Asamblea Nacional aprobó el 24 de enero, en primera discusión, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Sobre ello, reiteró que el documento representa una amenaza al funcionamiento de la sociedad civil organizada en Venezuela.
El balance de Fundehullan reporta tres emisoras y dos programas de radio cerrados, además de tres ataques contra periodistas en los Llanos. Estos denunciaron que fueron víctimas de amenazas por presuntamente difundir información falsa a través de redes sociales.
Por otro lado, la ONG destacó que se contabilizaron 110 manifestaciones pacíficas desde el 9 de enero de 2023, del personal sanitario y docente. En 39 de ellas se presentaron ciudadanos no identificados y funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en Barinas, Guárico, Portuguesa, Cojedes y Apure.
«En cuanto a las incidencias y vulneraciones contra el derecho a la manifestación pacífica, el estado Barinas reflejó 69% (27 casos), seguido de Guárico con el 10% (04 casos), Táchira con el 8% (3 casos), Apure con el 5% (02 casos), al igual que el estado Portuguesa con un 5% (02 casos) y por último el estado Cojedes 3% (01 caso)», puntualizó la fundación.