La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (Jepv) exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a garantizar el respeto a los derechos humanos y a brindar información tras los traslados de los presos políticos a otras cárceles y centros de detención preventiva.
Martha Tineo, abogada y directora de la organización, informó en una entrevista con Efecto Cocuyo que desde la semana pasada familiares de prisioneros por motivos políticos habían alertado sobre los traslados a centros de detención como la Zona 7, ubicada en Boleíta, el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en La Yaguara, y a la cárcel del Rodeo II, en el estado Miranda.
“Ayer (lunes 19.02.2024) nos empezaron a informar sobre traslados de presos políticos militares que se encontraban en la Dgcim de Boleíta y toda la información que tenemos es que estarían siendo trasladados a El Rodeo. No tenemos hasta ahora confirmada la cifra”, dijo la abogada.
Confirman traslado de Igbert Marín Chaparro
Tineo indicó que sí confirmaron el traslado al Rodeo del militar Igbert Marín Chaparro, pero que hasta el momento no pueden dar un número exacto de presos políticos porque aún deben contrastar las cifras con familiares y otras fuentes.
“Ante la realización de estos traslados exhortamos a la garantía plena los derechos humanos de estas personas, a la obligación que se tiene de informar debidamente a sus familias y a los defensores sobre el sitio de reclusión”, indicó.
Insistió en que el Estado está en la obligación constitucional de garantizar la seguridad de las y los privados de libertad por motivos políticos, porque a algunos los llevan a centros penitenciarios y de detención preventiva donde hay presos comunes.
“Su seguridad se pudiera ver doblemente comprometida; nuestro llamado es a garantizar los derechos humanos muy especialmente la seguridad de estas personas y a informar debidamente a sus familiares y defensores de su nuevo sitio de reclusión”, señaló.
La organización también realizó la alerta en su cuenta en la red social X y exigió a los entes de justicia que se apeguen a las leyes nacionales e internacionales.