La Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) exigió este 18 de abril al Estado venezolano abrir una investigación independiente e imparcial que permita esclarecer la muerte del preso político Carlos Andrés García, ocurrida el 17 de septiembre de 2017, en el hospital central de San Cristóbal, estado Táchira.
«Han transcurrido 2.406 días de la muerte de Carlos Andrés García, exconcejal de
Guasdualito, estado Apure, y preso político en mano de funcionarios del Estado y hasta la fecha no se le ha concedido justicia», señaló la ONG en una nota de prensa.
Recordó también que García, militante de Primero Justicia, fue señalado por parte del Estado venezolano como uno de los presuntos promotores de las protestas del 2016, en Guasdualito, y fue detenido en diciembre de este mismo año por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
«Desde el momento de la detención, los familiares se comunicaron con Fundehullan, para que brindara acompañamiento jurídico. En este sentido el abogado Roland García, a través de la organización, realizó los trámites necesarios y relató que el exconcejal se encontraba en buen estado de salud, pese a que tenía lesiones físicas», apuntó la organización.
Agregó que Yhorlenys Aular, familiar del detenido, declaró que este sufrió tratos
crueles e inhumanos. Además, a García le negaron el contacto con su familia y con los abogados defensores.
Recuerdan que su muerte aún no se esclarece
«Desde que fue retenido en la sede del Sebin en Guasdualito, su condición médica se fue deteriorando, desde e hipertensión arterial, desnutrición, estrés post traumático y una infección de toxoplasmosis, así como un ACV que complicó aún más la situación», explicó Fundehullan.
El concejal de 44 años de edad ingresó al hospital central de San Cristóbal el 18 de agosto, dos semanas después de sufrir un accidente cerebro vascular.
La ONG apuntó que ya el 14 de septiembre había recibido el beneficio de casa por cárcel, pero la orden no fue acatada por la policía política.
La muerte de García fue condenada el 18 de septiembre de 2017 por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro y el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.
Tras su fallecimiento, el Sebin no permitió que la familia ni los abogados estuvieran presentes en la autopsia. Fundehullan asegura que todos los derechos de García fueron vulnerados y que hasta la fecha el gobierno venezolano no ha hecho esfuerzos para esclarecer lo ocurrido.