La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, presentó una actualización sobre la situación de Venezuela en la que expresó su preocupación por las medidas que restringen el espacio cívico y democrático en el país, en un año electoral y con fecha de presidenciales para el 28 de julio.
«En tanto Venezuela entra en un ciclo electoral, con elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio de este año, me preocupan mucho las medidas para restringir indebidamente el espacio cívico y democrático, incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición», dijo Al-Nashif en su exposición de cinco minutos ante el Consejo de Seguridad de DDHH de la ONU este martes 19 de marzo.
Expresó que esperaban, como en anteriores ocasiones lo han hecho saber, que los procesos electorales en Venezuela «sean transparentes, inclusivos y participativos».
La Alta Comisionada adjunta se refirió al Acuerdo de Barbados, que firmaron en octubre de 2017 el chavismo y la plataforma unitaria democrática, por lo que pidió se cumplan de forma íntegra y lo hagan todas las partes de «buena fe» para que el país tenga «elecciones creíbles».
Asimismo reiteró que «los derechos humanos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro son condiciones esenciales para los procesos electorales y deben protegerse», como parte del proceso comicial en el que la población venezolana escogerá nuevo presidente en los próximos meses.
«La firma de los Acuerdos de Barbados en octubre de 2023 entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática fue un paso positivo para establecer las condiciones para unas elecciones creíbles. Hago un llamamiento para que se apliquen plenamente de buena fe y recuerdo a todas las partes que los derechos humanos deben ser un elemento central de las negociaciones», dijo sobre el acuerdo, que tanto la oposición como el chavismo se acusan de su incumplimiento.
Detenciones y desapariciones forzadas
También habló de la detención de defensores de derechos humanos como Javier Tarazona y Rocío San Miguel. Aseguró que estas personas enfrentan «la represión, la detención arbitraria y las amenazas», por parte del sistema judicial y los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano.
Denunció 18 casos de desaparición forzada en el país durante el año 2023, procesos que estuvieron a cargo de organismos de seguridad.
«Desde enero de 2023, el ACNUDH ha documentado 18 casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en el contexto de la detención. Estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas», afirmó Al-Nashif,
Explicó que quienes detuvieron a estas personas se negaron «a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del destino o su paradero. La mayoría de las personas se enfrentaron posteriormente a cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero».
Insistió en que incluso quienes llaman a la violencia deben tener procesos judiciales justos y con el respeto de sus derechos humanos.
También solicitó al gobierno que desista de la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, al considerar que pudiera impedir la ayuda y asistencia humanitaria en el territorio nacional.
ONU pide mejorar condiciones en cárceles
Denunció las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad en el país, sobre todo por la falta de alimentos, medicinas y agua potable. Llamó a las autoridades a mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria y dijo que en 2023 realizaron siete visitas a estos lugares, con el apoyo del gobierno.
«La Oficina ha recibido denuncias de malos tratos infligidos a detenidos por agentes de servicios de seguridad o de inteligencia, algunas de las cuales podrían constituir tortura. Es particularmente preocupante la falta de avances en la investigación de los casos de personas indígenas Yukpa en el estado Zulia por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana».
Al Nashif saludó la reducción de ejecuciones extrajudiciales, el diálogo tripartito del Foro Social entre el gobierno, centrales de trabajadores y empresarios, pero recordó que no hay acuerdos para mejorar los ingresos mínimos de la clase trabajadora.
En el contexto de las protestas para exigir reivindicaciones laborales alertó que «me preocupan los casos de arrestos y detenciones arbitrarias, despidos del empleo o restricciones en su acceso a las prestaciones sociales, como consecuencia de la participación en tales manifestaciones».
Habló de la liberación de 69 personas en el país, pero lamentó que continúen con procesos legales y presentaciones periódicas en los tribunales.
«En total, en 2023 nuestra Oficina registró 69 liberaciones de personas seguidas por el equipo en el país, de las cuales nueve tuvieron decisiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Pido su liberación total, así como una vez más, la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente», sostuvo.
Lamentó la expulsión de la Oficina de Venezuela al considerar que «estas medidas son incompatibles con los términos de la Carta de Entendimiento acordada entre el Gobierno y mi Oficina como base para nuestra presencia».
Qué dijo el gobierno
El representante del gobierno en el Consejo de DDHH de la ONU, Alexander Yanez Deleuze, calificó como «hostiles» las declaraciones y actualización de la Alta Comisionada, al tiempo que manifestó servían como «una narrativa» en contra de Miraflores por parte de medios de comunicación y redes sociales.
«Es lamentable que el equipo de Venezuela se haya alejado de su imparcialidad favoreciendo a grupos golpistas«, como una justificación de que fue la causa de la expulsión de los 13 funcionarios de la Oficina del país, medida que se anunció el 15 de febrero pasado tras la detención y desaparición forzada de la abogada y activista Rocío San Miguel.
«El pronunciamiento de la oficina (en Venezuela) estaba en perfecta correspondencia con el relato de los sectores más radicales de la oposición venezolana que tenían comprobada participación con el intento de asesinato del presidente de la República», resalto.