Este domingo 18 de febrero se cumplieron las 72 horas de plazo que dio el gobierno venezolano para expulsar a los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU en Venezuela.
“Es una oficina de un bajo perfil mediático, pero con gran capacidad de trabajo y comprensión del trabajo de los defensores de derechos humanos”, indicó Oscar Murillo, coordinador general de Provea. La consumación de la expulsión de estos funcionarios de la ONU genera mucha preocupación en las ONG venezolanas, pues representa la pérdida de un aliado en la defensa de los derechos humanos.
El gobierno de Nicolás Maduro dio un plazo de 72 horas a los funcionarios para que se fueran del país por haberse inmiscuido en temas que, a juicio del gobierno, no eran de su competencia. Se esperaba que durante horas de la tarde del domingo pudiera haber más información sobre las gestiones del gobierno colombiano para mediar en esta situación. Sin embargo, esto no ocurrió.
La ONG Acceso a la Justicia aseguró que una de las principales consecuencias de la expulsión de esta oficina de la ONU es que “se pierde la única instancia en el país de carácter imparcial e independiente”.
Expulsión de funcionarios de la ONU representa “un déficit en tema de derechos humanos en Venezuela”
Para Oscar Murillo, no contar con los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela representa un revés en la defensa de los derechos humanos y “un avance más del cierre del espacio cívico”. Murillo espera que en algún momento en el futuro esta oficina pueda volver a funcionar en Caracas.
“El gobierno venía alardeando de la presencia de esa oficina. Que hoy esa oficina no esté aquí, y que sea expulsada por las razones dichas por el canciller de la república, nos habla que de lo que le alardeaban hoy ya no existe. El gobierno venezolano se pone de espaldas a los sistemas de protección. Con un grado de intolerancia a la critica y con una actitud que tiene un lenguaje muy violento”, enfatizó Murillo a Efecto Cocuyo.
Mientras tanto, Acceso a la Justicia trató de explicar de qué forma afecta este hecho a los venezolanos. En uno de sus puntos, la ONG expone que esta oficina de la ONU “era el único sitio en que los venezolanos podían ser escuchado e interponer sus denuncias sobre violaciones de DD.HH. sin ser revictimizados o perseguidos”.
El trabajo de la Oficina del Alto Comisionado es necesario en Venezuela
Tanto Murillo como Acceso a la Justicia resaltaron la importancia que tuvo esta oficina en los últimos años en Venezuela. “Aunque era un equipo pequeño, gracias a sus gestiones se lograron liberaciones o el cese de algunas violaciones de DD.HH. Luego de la expulsión eso ya no ocurrirá”, advirtió la ONG venezolana.
“Aquí se está procurando quebrar a la sociedad civil. En un clima pre electoral en el que deben de privar, precisamente, los intereses por crear un ambiente y unas condiciones democráticas que favorezcan el debate y la reflexión sobre aquellas políticas publicas, ausentes o no, que pudieran revertir temas tan graves como la pobreza, la desigualdad, la precariedad de los sistemas de salud y de educación en Venezuela”, afirmó Murillo a Efecto Cocuyo.
A pesar de la expulsión y de la gravedad de esto, el coordinador general de Provea aseguró que es necesario seguir adelante acompañando a las víctimas sin importar los obstáculos. “Manifestamos y expresamos nuestra solidaridad con este equipo de la Oficina del Alto Comisionado, con quien hemos tenido una relación muy franca. Y esperamos que estas medidas sean revertidas en el corto plazo”, concluyó Murillo.