Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos expresan su alarma y rechazo ante la reactivación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, por parte de la Asamblea Nacional (AN) de 2020.
Mediante un comunicado difundido este lunes 22 de enero, las organizaciones manifestaron su desacuerdo con el instrumento legal “por su carácter abiertamente violatorio del derecho a la libertad de asociación y otros derechos humanos, ya que ocasionaría el cierre definitivo y la militarización del espacio cívico y daños irreparables a los derechos de la población y al tejido de la sociedad venezolana”.
La consulta pública, iniciada el 12 de enero, evidenció, según reza el comunicado, vicios de proceso al exponer una lista de 62 organizaciones acusadas de delitos sancionables con esta ley, y se llevó a cabo en presencia mayoritaria de cuerpos militares y de inteligencia policial.
La ley, sin texto público, se critica por no ser un instrumento de regulación necesario y por transformar el derecho asociativo en un asunto de “orden público”, ampliando la criminalización y afectando derechos fundamentales, según expresaron las organizaciones firmantes.
El documento destaca que la ley no busca mejorar la prevención de ilícitos, ya que el Estado reconoce su baja incidencia. Además, se cuestiona su extensión desproporcionada a todas las asociaciones civiles sin fines de lucro, contraviniendo estándares internacionales y violando pactos de derechos civiles y políticos.
“No está concebida para mejorar la prevención y sanción de posibles ilícitos o situaciones irregulares por parte de asociaciones civiles y fundaciones, puesto que, en sus propias declaraciones e intercambio de información con organismos internacionales, como el GAFIC en la Evaluación Mutua de Marzo 2023, el Estado ha afirmado que, en todo caso, estos supuestos hechos tienen una ocurrencia mucho menor en el país y existen los procedimientos judiciales para investigarlos y aclararlos, de conformidad con el Estado de Derecho y debido proceso”, dice el comunicado.
Sostienen que la ley persigue propósitos inconstitucionales y viola estándares internacionales en derechos humanos. En el documento, las organizaciones civiles exigen al Estado derogar esta ley y crear un entorno seguro para la sociedad civil, ya que la supresión del espacio cívico impacta en las elecciones, al afectar la participación y la contraloría ciudadana.
Las organizaciones hacen un llamado a la AN para no avanzar con la ley, e instan a la comunidad nacional e internacional a rechazarla. Se destaca la importancia de garantizar elecciones justas y democráticas, reconociendo el papel crucial de la sociedad civil en este proceso.
Lea aquí el comunicado completo y las organizaciones firmantes.