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Unas 400 ONG venezolanas calificaron como «una ley antisociedad» la propuesta aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional de 2020, que busca controlar, regular y fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.

Consideraron que la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines «viola la Constitución Nacional y tratados internacionales suscritos por el
Estado venezolano ya que suprime el derecho humano a la libertad de asociación y cierra el espacio cívico, permitiendo la cooptación del tejido social y la toma de represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana», expresaron este viernes 10 de febrero.

Además, lanzaron la campaña «Ley antisociedad» que busca «dar a conocer, alertar y difundir las razones de riesgo, los retrocesos graves que implicaría su aprobación y que permitan argumentar con estándares del derecho a la asociación y las libertades democráticas la improcedencia del contenido del proyecto de Ley».

Dijeron que la propuesta dará poderes discrecionales y «absolutos» al Ejecutivo venezolano sobre el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

«Resulta urgente alertar a ciudadanos y ciudadanas dentro y fuera del país, a la comunidad internacional, gremios, sociedades democráticas el grave riesgo que corre el espacio asociativo venezolano, cuya aprobación generaría un control hegemónico de la acción asociativa, con consecuencias gravísimas para la población venezolana, sobre todo los más vulnerables, los que necesitan de la acción colectiva de solidaridad», agregaron.

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Leyes similares en la región

Recordaron que en países como Ecuador y Nicaragua existen leyes similares. En este último país centroamericano el régimen de Daniel Ortega se ha valido de su mayoría en el Poder Legislativo para aprobar un instrumento que ha ilegalizado a 3.223 ONG de ese nación.

«La campaña Ley AntiSociedad se estará difundiendo, a través de diferentes medios y plataformas, con mensajes claros, para visibilizar la amenaza que implica este Proyecto de ley, que viola los artículos 52 y 57 de la Constitución y tratados internacionales, y que es contrario a los estándares en derechos humanos para un espacio cívico abierto, pluralista, independiente», añadieron.

Desde el gobierno de Nicolás Maduro y en especial el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, es uno de los principales promotores de la ley. En reiteradas ocasiones ha acusado a las ONG de recibir financiamiento de Estados Unidos y otros países para «desestabilizar» la gestión chavista.