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Perforar pozos de agua para afrontar la deficiencia del servicio público en Venezuela no es una  modalidad nueva; sin embargo, se ha extendido no solo en la capital sino en otros estados del país. En 2022, en Zulia, Anzoátegui, Amazonas, Monagas, Portuguesa y Miranda cada vez más comunidades sacan de esta forma el líquido que no reciben de las tuberías y el problema no parece tener solución a corto plazo.

Para Eduardo Páez Pumar, ingeniero Civil y fundador de la Asociación Integral de Políticas Públicas (Aipop), la perforación de pozos no es la respuesta para la crisis del agua, aunque solventa por un corto tiempo las necesidades de los habitantes. De acuerdo con la ONG Monitor Ciudad, por lo menos en Caracas, los hogares pasan alrededor de 109 horas a la semana con los grifos secos. 

«La perforación de pozos profundos está ocurriendo porque el servicio no se está prestando adecuadamente. En vez de estar perforando, hay que resolver el problema con los sistemas de bombeo, las subestaciones y las plantas de tratamiento», explicó Páez Pumar a Efecto Cocuyo. 

El 9 de agosto, el Observatorio Social Humanitario informó que 80 % de los venezolanos no cuenta con un servicio regular de agua potable para 2022. En Venezuela hay alrededor de 28 millones de personas según el Banco Mundial; es decir, aproximadamente 22 millones de connacionales viven sin un suministro continuo.

De acuerdo con los registros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), esa cifra equivale a toda la población de Siria. 

«El país cuenta con suficiente cantidad de fuentes de agua para abastecer a toda su población; sin embargo, el desmantelamiento de la estructura institucional y física del sector compromete la calidad del abastecimiento, los procesos de tratamiento y de potabilización del agua, la distribución, el saneamiento, la salud y la producción hidroeléctrica», apuntó HumVenezuela en su reporte anual de 2018.  

#9Ago | Ángel Subero, concejal de Caracas y miembro del Observatorio Social Humanitario (OSH), indicó que la crisis de servicios públicos afecta significativamente el suministro de agua de los venezolanos. pic.twitter.com/5azvcE5npm

— El Toque de Diana (@ElToqueDeDiana) August 10, 2022

La fiebre del 2020

En 2020, el periodista Guillermo Olmo, corresponsal de la BBC News, catalogó de «fiebre» la perforación de pozos en la capital de Venezuela. En ese entonces, la medida estaba apenas popularizándose en Caracas. 

«…Lo que empezó siendo un recurso de los más acomodados para compensar las carencias en un servicio público esencial va camino de convertirse en tendencia generalizada y los trabajos para perforar pozos empiezan a verse ya también en zonas menos elitistas», indicó. 

Comúnmente, los pozos se perforaban en urbanizaciones por precios que oscilaban entre los 18 mil y los 24 mil dólares. No obstante, las zonas más pobres de la urbe comenzaron a verlo como una solución y muchos comenzaron a copiar la idea con menos presupuesto, sin mayores declaraciones de Hidrocapital, la empresa estatal que se encarga de la distribución del agua en Distrito Capital y los estados Miranda y Vargas (La Guaira). 

«Los pozos de agua no son una solución para una ciudad, con todas sus complejidades. Quizás para una zona rural sí. Pero esto de los pozos no es una solución para una ciudad con la magnitudes de Caracas. Además, es preocupante porque, de hacerse de manera responsable, sin los estudios adecuados, esto puede traer fallas de suelo», explicó Jesús Armas, director de Monitor Ciudad, a Efecto Cocuyo.

Por otro lado, Páez Pumar aseguró que no se puede garantizar del todo la potabilidad del líquido en estos pozos.

«En el caso de Caracas en principio no debería haber problemas con la perforación de pozos profundos. Pero el tema de potabilidad es otra cosa. El agua de estos pozos pudiera no ser potable, porque si hay filtraciones de aguas servidas que contaminen determinado acuífero en un lugar, entonces entonces el agua de los pozos al final no puede ingerirse», apuntó. 

José de Viana, expresidente de Hidrocapital, declaró a Crónica Uno en 2021 que en los suelos caraqueños existe una alta contaminación por aguas negras y por hidrocarburos, concretamente por gasolina. 

Un sistema deficiente

En la capital venezolana conviven alrededor de cuatro millones de personas, repartidas en 433 kilómetros cuadrados. El área metropolitana está formada por cinco municipios y por lo menos cuatro sufren problemas para acceder al agua potable en el presente (Sucre, Baruta, El Hatillo y Libertador).

«Los caraqueños pasan el 65 % de su tiempo sin agua, lo que es una clara violación de un derecho humano. Hay sectores como Antímano o El Junquito, donde pueden pasar meses sin agua. Hay sectores en Caucaguita que tienen años sin recibir una gota, porque están desconectados de la línea. Esto es una situación muy compleja que se convierte en un problema de salud pública», dijo Armas.

La urbe depende de tres sistemas de bombeo (Tuy I, Tuy II y Tuy III) que conforman el acueducto metropolitano.

@ServPublicosVe toda la población de San José cotiza en Caracas ya para tres meses sin agua, nadie ofrece soluciones.

— castellmoon. (@castell73760138) August 9, 2022

Actualmente, el sistema Tuy I está inoperativo y el sistema de bombeo mayor del Tuy II trabaja por debajo de 50 % de su capacidad, según datos ofrecidos por Monitor Ciudad en 2021. Por lo tanto, la ciudad necesita principalmente del Tuy III, que abastece al menos un 70 % de los sectores desde el embalse de Camatagua, en el estado Aragua. No obstante, no es suficiente para cubrir la demanda.

De acuerdo con Páez Pumar, Caracas recibía 20 mil litros por segundo a finales de los años 90. Sin embargo, para 2022 hubo una reducción cercana al 40 %. Ahora a la ciudad llegan entre 12 mil y 14 mil litros por segundo. 

Frente a la escasez de agua, incluso las autoridades se sumaron a las excavaciones. Al menos 22 pozos fueron perforados en el municipio Chacao hasta el 25 de mayo de 2022, aprobados por el alcalde Gustavo Duque. En febrero de este año, el ministro de Atención de las Aguas, Marcos Torres, y el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, se reunieron para acordar perforar varios pozos para las comunidades de Filas de Mariche, 5 de Julio y El Guamo, en La Dolorita.

En general, no se conocen cuántos pozos se han perforado en la ciudad, puesto que no todos cuentan con los permisos necesarios del Estado y el gobierno no ofrecen cifras al respecto. 

Reglas para los pozos 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Aguas, el ente encargado de otorgar los permisos para excavar un pozo es el Ministerio de Ambiente, renombrado Ministerio de Ecosocialismo. Sin embargo, este ha dejado de responder a varias solicitudes desde 2021 y puede tardar meses en dar una autorización. 

Para poder excavar, es necesario realizar estudios de hidrología y otras investigaciones técnicas. De lo contrario, se corre el riesgo de dañar tuberías u obtener agua contaminada, que constituye un grave riesgo para la salud. 

«Hay una serie de reglamentos para el tema. De hecho, Hidrocapital es uno de los que debería regular la perforación de los pozos. Pero lo fundamental no es que proliferen los pozos, sino que podamos tener una rehabilitación del acueducto metropolitano para que no hagan falta soluciones privadas para un problema que es público», comentó Jesús Armas desde Caracas.

Mientras tanto, las comunidades que no tienen cómo pagar la perforación se mantienen sin agua incluso durante meses, como es el caso de la parte alta de La Vega, en el municipio Libertador del Área Metropolitana.

«Tenemos que esperar a que llueva para llenar tobos, por lo menos para limpiar y echarle al baño», contó Laura Fuentes a Efecto Cocuyo. 

El derecho a acceder al agua fue reconocido explícitamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde principios de siglo. No obstante, en Venezuela no parece formar parte de la agenda política del gobierno de Nicolás Maduro. 

«El derecho al agua significa que los servicios de abastecimiento de agua deben ser asequibles para todos y que nadie debe verse privado del acceso a ellos por no tener la capacidad de pagar», indica la ONU.