El abogado defensor Omar Mora Tosta, en representación de los jefes regionales del comando de campaña del partido de María Corina Machado detenidos, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo.
La medida se basó en lo que denuncian como una violación sistemática de los derechos humanos de Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, a quienes arrestaron el pasado 23 de enero, y no han podido entrar en comunicación con sus familiares.
Los lideres políticos de Vente Venezuela fueron víctimas de desaparición forzada, no se les ha permitido designar defensa privada y tampoco tienen comunicación con sus abogados y familiares.
A través de su cuenta en la red social X, Mora Tosta enfatizó que el recurso fue interpuesto debido a la violación del debido proceso y el derecho a la defensa de los tres jefes de campaña del partido Vente Venezuela.
Esta acción se llevó a cabo luego de una audiencia de presentación, que se realizó un mes después de la detención arbitraria y desaparición forzada de los detenidos. Según el abogado, durante dicha audiencia, el tribunal impuso defensa pública y llevó a cabo el procedimiento sin la presencia de la defensa autorizada por los familiares.
El jurista expresó su consternación al señalar que el tribunal estaba al tanto de que los detenidos tenían representación legal privada. Afirmó que estuvieron presentes en la audiencia, pero los detenidos fueron llevados esposados nuevamente y posteriormente se realizó la audiencia sin su presencia, lo que considera una vulneración de sus derechos.
“El Tribunal tenía conocimiento de que estas personas tenían defensa privada. Estuvimos allí esperando, los trajeron al tribunal, los vimos, el tribunal supo que estábamos allí y los mandaron a esposar de nuevo para sacarlos y posteriormente, en horas de la noche, hacer una audiencia a espaldas de la defensa a la que ellos tienen derecho”, dijo Mora Tosta en un artículo publicado por Vente Venezuela.
Mora Tosta informó que los familiares presentaron una solicitud de cese de funciones del defensor público asignado, alegando que esta representación legal fue impuesta y no solicitada por ellos ni por los detenidos.
El abogado resaltó que, a pesar de los intentos de los familiares por designar a abogados privados, el juez se negó al argumentar que los familiares no tenían la facultad de hacer tal designación, lo que considera una violación de la ley.