La ONG Defiende Venezuela publicó un informe en el que revela las irregularidades que encontró en varias investigaciones sobre muertes en protestas en el país, en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales del año 2017.
“Patrones e irregularidades en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas en Venezuela” es el título del documento que se publicó recientemente en el que analizan los casos de Daniel Quéliz, Yoinier Peña, Miguel Castillo, Diego Arellano, Augusto Puga, Manuel Sosa, Neomar Lander, Fabián Urbina, Roberto Durán, Yaneth Ángulo, Leonardo González y Eduardo Orozco.
Una de las primeras violaciones a los derechos contra estas personas fue que los organismos de investigación penal negaron a familiares y los abogados de la defensa los expedientes sobre cada caso.
Destacan que esto “genera una omisión o poca transparencia de la información, un retardo procesal y un vacío legal que a su vez genera impunidad”.
Además, determinaron que las “víctimas indirectas” fueron objeto de hostigamiento e intimidación por parte de cuerpos policiales. El objeto de estas acciones era coaccionar a testigos de los hechos para que cambiaran sus declaraciones o testimonios sobre estas muertes.
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Qué encontró Defiende Venezuela
La ONG destacó que en estos casos no hubo intención real del Estado venezolano para castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
“No existió, a nivel interno, la intención de investigar o averiguar si hubo responsabilidad penal de los superiores por los eventos ocurridos de manera sistemática y generalizada”, afirmaron.
Recriminaron la falta de actuación expedita para procesar a presuntos causantes de estos hechos por parte de organismos como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, que junto con la Contraloría General conforman el Poder Ciudadano.
“Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a víctimas ni testigos”.
Añadieron que esta falta de acción “Dicha inacción “contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones”.
Qué casos estudiaron
Daniel Quéliz. Asesinado por un funcionario de Policarabobo en la urbanización Los Parques el 10 de abril de 2017. Recordaron las condenas a casi 30 años del subjefe de este cuerpo policial regional y el de un oficial.
Yoinier Peña. “Fue ejecutado por un miembro de los colectivos armados por medio de un impacto de bala en el intercostal derecho, en los alrededores del Centro Comercial Metrópolis de la parroquia Unión, ciudad de Barquisimeto, estado Lara, el 10 de abril de 2017. Luego de 6 años, el caso aún se encuentra en etapa de investigación y por esta razón no se tienen expectativas de encontrar justicia en el sistema interno venezolano”, dice Defiende Venezuela.
Miguel Castillo. Fue asesinado por un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana el 10 de mayo de 2017. Le disparó con una esfera metálica que le perforó el pulmón en Las Mercedes, municipio Chacao de Miranda. El caso está paralizado, en fase de investigación y se le impide acceso al expediente a los familiares.
Diego Arellano. Murió a manos de un disparo de una esfera metálica por parte de un funcionario de la Guardia Nacional el 16 de mayo de 2017. El caso se encuentra en investigación.
Augusto Puga. Un estudiante de medicina que murió por un impacto de bala en la cabeza dentro de la Universidad de Oriente (UDO) Núcleo Bolívar. Hay seis funcionarios de Polibolívar acusados, pero está en fase de investigación. Su homicidio ocurrió el 24 de mayo de 2017.
Manuel Sosa. Asesinado por un disparo de un guardia nacional en el municipio Palavecino del estado Lara. “El Primer Teniente de la GNB, Johnnuar José Pastor Arenas, fue identificado y 6 años después ningún tribunal ha ejecutado su orden de captura”, dijo la ONG. Su muerte se registró el 25 de mayo de 2017.
Neomar Lander. Lo asesinaron por un impacto de una lacrimógena en el tórax el 7 de junio de 2017. Desde hace seis años se está en investigación, pero no hay personas imputadas.
Fabián Urbina. “Ejecutado por un funcionario perteneciente a la GNB por medio de un impacto de bala en el tórax, en el Distribuidor de Altamira del municipio Chacao, Distrito Capital, el 19 de junio de 2017”.
Al responsable lo condenaron a 12 años de prisión, una sentencia que se apeló ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Aún no hay respuesta del máximo juzgado del país.
Yaneth Angulo. Era profesora de Educación Física, jubilada. Pertenecía a la Federación Venezolana de Canotaje y era juez internacional. Le disparó en la cabeza un militar de la Guardia Nacional Bolivariana el 11 de julio de 2017. Al responsable lo declararon inocente, pero se ordenó repetir el juicio tras introducir una queja en la Corte de Apelaciones en el Circuito Judicial Penal del estado Lara.
Leonardo González. Le dispararon en la espalda funcionarios de la Policía Municipal de Naguanagua del estado Carabobo. A los policías responsables los condenaron el 17 de febrero de 2022.
Los acusaron “de culpables por los delitos de “homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, uso indebido de arma de fuego, simulación de hecho punible, agavillamiento, y omisión de socorro. Sin embargo no se juzgó a cadenas de mando ni ofrecido algún medio de reparación por parte del Estado venezolano”, dijo Defiende Venezuela. Lo asesinaron el 27 de julio de 2017.
Eduardo Orozco. Estudiante de Comercio Exterior, de 19 años. Perdió la vida el 7 de agosto de 2017 a manos de funcionarios del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GNB.
“Recibió dos impactos de bala en una pierna, estando en el suelo los funcionarios se acercaron y le dispararon en la cabeza. Luego, le colocaron un arma en su mano y efectuaron varios disparos con la intención de acusarlo de terrorismo. Su caso aún se encuentra en fase de investigación”. El homicidio se registró en el estado Lara.
Investigaciones pobres y uso de la fuerza
Defiende Venezuela dijo que en estas muertes hubo uso excesivo de la fuerza, empleo de municiones manipuladas como esferas, tornillos y tuercas, además del uso de armas reglamentarias en seis de los doce homicidios para controlar manifestaciones sociales.
La ONG explicó que de las 127 muertes en manifestaciones en 2017, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU encontró que en 27 casos participaron colectivos armados identificados con el chavismo. En uno de los casos documentados por esta ONG ocurrió esta práctica. Se trata del homicidio de Yoinier Peña.
De estas 12 muertes, en ocho de ellas se trató de hombres jóvenes, dos personas adultas y dos adolescentes (Fabián Urbina y Neomar Lander).
En cinco de estos casos se identificó que las víctimas eran estudiantes, a saber, Daniel Quéliz, Augusto Puga, Fabián Urbina y Eduardo Orozco de carreras universitarias, mientras que Neomar Lander recientemente había culminado sus estudios secundarios; quienes representan el 41.6% de los casos”, es parte de los análisis del informe.
“Es evidente la falta de voluntad política para efectuar investigaciones genuinas, transparentes y exhaustivas”, aseguró la ONG. Esto pese a que el país cuenta con organismos para realizar las averiguaciones.