La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) desestimó las críticas del canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Yván Gil, quien este martes, 27 de febrero, cuestionó al sistema universal de derechos humanos y dijo que estaba instrumentalizado para «servir a oscuros intereses».
Gil, que se dirigió a la audiencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde se celebra la sesión número 55 del organismo, también acusó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para DDHH (Oacnudh), que expulsaron de Venezuela, de defender a «terroristas» y «golpistas».
Provea dijo en la red social X, antes Twitter, que fue el gobierno de Maduro el que ahora se ofrece a trabajar con el Alto Comisionado, el que expulsó a los funcionarios de esa instancia del país el pasado 15 de febrero.
«El mismo gobierno que no ha cumplido la sentencia de la Corte Interamericana sobre el Caracazo, son quienes denunciaron la Convención Americana sobre los Derechos Humanos para dejar desamparada a la población, tratando de evitar que la Corte Interamericana se pronuncie sobre otros casos en Venezuela», recordó la ONG nacional.
Lo que pasó con sentencia sobre el Caracazo
También mencionaron que ha sido el chavismo, que gobierna al país desde 1999, el que se ha negado a acatar la sentencia de la Corte-IDH sobre el estadillo social del Caracazo, que en febrero y marzo de 1989 dejó más de 200 fallecidos y cientos de heridos.
«El canciller de Maduro omite que las víctimas de El Caracazo ya habían acudido al Sistema Interamericano de DDHH. No podían acudir por los mismos hechos al Sistema Universal, por el principio de no duplicación entre procedimientos de arreglo internacional».
Esta explicación la dio porque el canciller Gil habló de los hechos de 1989, durante el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, después de 35 años se mantiene la impunidad, ningún funcionario policial o militar ha sido juzgado por estas muertes ni tampoco se pagó la indemnización a familiares de las víctimas como ordenó la Corte Interamericana.
Desde el 17 de febrero los 13 funcionarios de la Oacnudh abandonaron el país, después de que dos días antes el canciller Gil ordenó su expulsión que se produjo tras el pronunciamiento de la oficina por la detención y las más de 100 horas de desaparición forzada en la que estuvo la activista de DDHH y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
La medida la condenaron ONG locales e internacionales, así como varios gobiernos de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá, entre otros.
Este viernes 1 de marzo se espera que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional decida sobre el recurso de apelación del gobierno de Maduro, en el que anunciará si mantiene la petición de la Fiscalía de la CPI de continuar la investigación contra el gobernante por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad durante su gestión.