La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó su preocupación por «el incremento de hechos represivos contra periodistas y miembros de la sociedad civil» en Venezuela, dijeron en un comunicado este 16 de mayo.
«En 2024, la Relatoría ha continuado documentando restricciones severas al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. En particular, se registran hechos de hostigamiento judicial, detenciones arbitrarias, restricciones de acceso a la información, cierre de medios de comunicación y señalamientos estigmatizantes por parte de altos funcionarios del gobierno contra aquellos que investigan y participan activamente en asuntos de interés público y político», advirtieron.
Entre los casos que mencionaron están los 128 casos de vulneraciones a libertades informativas entre enero y abril de este año, el encarcelamiento del periodista y activista social Carlos Julio Rojas, así como las acusaciones contra Armando.Info, el único medio digital venezolano dedicado al periodismo de investigación.
«En particular, preocupan reportes sobre las acusaciones del fiscal general de la República contra periodistas del portal digital Armando.info, a quienes acusó de pertenecer a una ‘estructura mediática extorsiva’, así como la detención del periodista Carlos Julio Rojas por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, conspiración, instigación, asociación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa», señalaron en el texto.
Advierten sobre cierre de medios y leyes
La Rele citó el cierre de 13 emisoras de radio en lo que va de año, que han afectado a los estados Bolívar (3), Lara (3), Portuguesa (3), Carabobo (1), Apure (1), Trujillo (1) y Caracas (1).
También hicieron mención a la salida del aire del canal de noticias alemán DW, al que el gobierno de Nicolás Maduro calificó de «nazi» por informar sobre hechos de corrupción de la gestión chavista en marzo pasado.
«La Reke advierte que el cierre sistemático de medios en Venezuela estaría limitando el acceso de la ciudadanía a información confiable y de fuentes independientes, dando lugar a zonas de silencio mediático».
Destacaron la Ley contra el Fascismo que busca aprobar la Asamblea Nacional de mayoría chavista, de la que dijeron contiene penas similares y delitos como los que se establecen en la Ley contra el odio.
«Esta Oficina recuerda que el uso del poder del Estado y los mecanismos institucionales ordinarios para presionar, amenazar y castigar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación según sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión. La prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho».
Llamaron al gobierno de Maduro y el Estado venezolano a respetar y garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía, especialmente el trabajo de periodistas y medios de comunicación.
«Esto implica, entre otras, abstenerse de: intimidar y descalificar la labor periodística desde las voces oficiales; utilizar el derecho penal para eliminar o apaciguar la crítica o la disidencia; y aprobar leyes o regulaciones que limiten arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés público, elementos esenciales para garantizar un espacio cívico abierto».