Familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela exigieron, en un comunicado, que los incluyan en las diferentes propuestas sobre pactos de transición que han salido a la luz pública en las últimas semanas.
La Alianza de Familiares y Víctimas de 2017 (Alfavic) demandó que sean «tomadas en cuenta, consultadas, consideradas en cualquier escenarios de transición, justicia y garantías de derechos», a la luz de la circulación de propuestas de candidatos a las presidenciales de 2024 y figuras que fueron cercanas al fallecido expresidente Hugo Chávez.
Una de las propuestas que ha recibido críticas de organizaciones defensoras de DDHH es la del exministro de Chávez, Víctor Álvarez, quien plantea la constitución de una comisión de la verdad que evalúe una amnistía para «violaciones leves» a los derechos de las personas en el país, además de pedir que no se presione ante la Corte Penal Internacional la investigación que se le sigue al gobierno de Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Frente a esto, Alfavic recordó que los crímenes de lesa humanidad, contemplados en el Estatuto de Roma, no prescriben y no pueden ser objeto de amnistía.
Aseguraron que cualquier transición «debe pasar por un proceso de justicia, para que exista sustentabilidad, reconciliación y garantías de no repetición en el país».
El candidato presidencial Enrique Márquez habló la semana pasada de un pacto de convivencia y dijo que envió su propuesta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en abril junto al mandatario brasileño, Lula da Silva, propuso la celebración de un plebiscito en el país para garantizar la sobrevivencia política de quien pierda las elecciones del 28 de julio.
No hay justicia para víctimas en Venezuela
Alfavic mencionó que el sistema de justicia venezolano sigue sin responder a sus demandas, sin castigar a los responsables de graves violaciones a los DDHH como los asesinatos que hubo en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017.
«Desconocer las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la represión y los asesinatos a los venezolanos por parte de las personas que no sólo utilizaron el uso de excesivo de la fuerza, sino también planes preconcebidos del Estado para acallar a la disidencia», dijeron en su comunicado.
Insistieron que ante la falta de justicia en el plano interno, son los familiares, las propias víctimas y las ONG las que se han encargado de insistir para que continúe la investigación ante la CPI.
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