El abogado Eduardo Torres, miembro de la ONG Provea, confirmó el jueves que los sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) Leonardo Azócar y Daniel Romero han sido trasladados y recluidos en el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas II, un área de máxima seguridad ubicada en Boleíta Norte.
Ambos fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 11 de junio por su participación en una huelga laboral en la Planta de Pellas de la acería estatal.
Desde el día de su arresto, los parientes no han podido comunicarse ni ver a sus familiares, lo que ha generado protestas en Guayana, confirmó el diario Correo del Caroní.
A pesar de saber dónde están detenidos, las familias Azócar y Romero continúan sin poder verlos, por lo que la ONG ha recomendado interponer un habeas corpus.
El abogado destacó las múltiples irregularidades del procedimiento y la violación de normativas básicas en las legislaciones venezolanas, referidas a la libertad de pensamiento, la autonomía sindical y la presunción de inocencia.
Torres calificó la política del Estado ante estas manifestaciones como un crimen de lesa humanidad que atenta contra una población civil, y ha exigido la apertura de una investigación formal en la Corte Penal Internacional.
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El abogado Eduardo Torres, miembro de la ONG Provea, confirmó el jueves que los sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) Leonardo Azócar y Daniel Romero han sido trasladados y recluidos en el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas II, un área de máxima seguridad ubicada en Boleíta Norte.
Ambos fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 11 de junio por su participación en una huelga laboral en la Planta de Pellas de la acería estatal.
Desde el día de su arresto, los parientes no han podido comunicarse ni ver a sus familiares, lo que ha generado protestas en Guayana, confirmó el diario Correo del Caroní.
A pesar de saber dónde están detenidos, las familias Azócar y Romero continúan sin poder verlos, por lo que la ONG ha recomendado interponer un habeas corpus.
El abogado destacó las múltiples irregularidades del procedimiento y la violación de normativas básicas en las legislaciones venezolanas, referidas a la libertad de pensamiento, la autonomía sindical y la presunción de inocencia.
Torres calificó la política del Estado ante estas manifestaciones como un crimen de lesa humanidad que atenta contra una población civil, y ha exigido la apertura de una investigación formal en la Corte Penal Internacional.