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Voceros y trabajadores del sector público se concentraron este 1 de febrero frente a la sede de la CTV en Caracas, ubicada en Bellas Artes, para exigir respuestas al gobierno de Nicolás Maduro sobre sus reclamos salariales y solicitar la liberación del sindicalista Emilio Negrín, que este lunes fue trasladado junto a otros seis activistas al Palacio de Justicia. 

«Ya lleva más de 200 días preso y hoy es su apertura de juicio. La detención de Emilio Negrín es injusta porque viola el Convenio 87 que hoy se está discutiendo en Margarita con la misma delegación de la OIT», expresó José Marcano, dirigente de la Coalición Sindical, en rueda de prensa.

Recordó que los acuerdos con el sector público son violados en Venezuela debido a que hay dirigentes sindicales presos, aún está vigente el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y el Convenio 26 (escogencia de salario mínimo) no se ha cumplido. Reiteró que no se puede hablar de avance en el país en materia laboral desde que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitó el territorio nacional en abril de 2022.

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También señaló que la Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa), Únete y la Cutv fueron excluidas del diálogo social que ocurre en el estado Nueva Esparta entre el gobierno, representantes sindicales y empresarios, con el acompañamiento de la OIT.

«En Venezuela no hay avance y no vamos a firmar ningún acuerdo hasta que, primero, convoquen a las representación sindical, los sectores, gremios que andan en la calle, movimientos sindicales, para dar un diálogo efectivo porque, hasta el momento y como bien lo dice la OIT, un diálogo efectivo no existe en el país», dijo Marcano. 

Febrero seguirá siendo de protesta

Trabajadores y pensionados aseguraron que continuarán en las calles en defensa de sus reivindicaciones salariales. Marcano afirmó que no cree que se llegue a un acuerdo sobre el sueldo mínimo, debido a que el gobierno sigue expresando que no puede haber aumento por las sanciones económicas de Estados Unidos.

«Nosotros vamos a seguir en la lucha», dijo. 

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) solo el 30 de enero se registraron 41 manifestaciones en 21 estados del territorio nacional. Personal de la administración pública, en especial los docentes, llevan cuatro semanas consecutivas protestando por sus derechos laborales. 

La principal exigencia es la indexación del salario mínimo y las pensiones (130 bolívares o seis dólares al cambio) a la canasta básica, que para diciembre de 2022 se encontraba en 485 dólares según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

«No están haciendo nada. Nosotros los pensionados no cobramos nada: más bien nos lo han quitado todo a pesar de que nosotros pagamos algo que se llama seguro social», puntualizó Ramón García, pensionado.