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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017 aprobó un decreto de supresión del Distrito Metropolitano de Caracas y del Alto Apure, el 20 de diciembre de 2017.

Desde entonces, en el caso de la Alcaldía Mayor, cuya última autoridad electa por voto popular fue Antonio Ledezma, se conformó una junta de liquidación en 2018 que debía resolver la situación del personal que allí laboraba.

Un grupo de trabajadores de la extinta Alcaldía Metropolitana de Caracas y del Cabildo Metropolitano denuncian que la junta de liquidación duró dos años, cesó y dejó en el «limbo» a más de 700 trabajadores que debieron ser reubicados en el Gobierno del Distrito Capital para garantizar la continuidad laboral ofrecida, pero esto no ocurrió.

Mariela Espinoza, trabajadora jubilada del Cabildo Metropolitano, declaró a Efecto Cocuyo que los casos quedaron en manos de la Vicepresidencia de la República al cesar la ANC en 2020. Además, dijo que el Gobierno del Distrito Capital se deslindó de ofrecerle alguna solución al problema, que afecta a personas ya de avanzada edad en su mayoría.

«Nos huele que hay la intención de no asumir esta papa caliente, mientras tanto los trabajadores siguen a la expectativa. Algunos están fuera de Caracas, otros ya están muy mayores con 70 y 80 años, padecen de enfermedades y no pueden estar haciendo diligencias o protestando en la calle para que se les resuelva su situación», expresó.

No reciben sueldo desde 2019

Espinoza indicó que existe una lista de más de 200 personas, de las cuales 70 pudieron ser ubicadas y fue la última consignada ante la Vicepresidencia. Entre ellos hay obreros fijos, empleados administrativos y promotores sociales, en su mayoría de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.

El último pago que estos trabajadores recibieron fue en diciembre de 2019. Desde entonces se quedaron sin un ingreso fijo para subsistir. No fueron reubicados, tampoco jubilados, no se les reconoce deuda alguna.

«Recursos Humanos tenía que reubicar pero el Gobierno del Distrito Capital no los recibió porque muchos tenían más de 50 años, por lo que fueron discriminados por la edad. Luego surgió la idea de una jubilación excepcional porque muchos no contaban con el tiempo de servicio, pero sí para recibir pensión del Seguro Social», señaló.

Discriminación política

Denunció además que un grupo, al parecer gracias a su tendencia política hacia el chavismo, sí fue jubilado «a dedo» en 2021. Oficialmente la junta de liquidación otorgó jubilación especial a 249 personas con un mínimo de 15 años de servicio y 40 años de edad. El resto, entre empleados fijos, funcionarios de carrera y contratados que por el tiempo ya debían estar fijos, no corrió con suerte.

Una de las últimas gestiones del grupo de afectados, encabezados por Iris Nares, fue acudir a la Defensoría del Pueblo hace mes y medio y aún esperan para ser llamados y exponer el caso.

«Este numeroso grupo de afectados al día de hoy se encuentra sin trabajo y sin jubilación. Tienen dos años y medio sin percibir sueldos ni poder gozar del incipiente servicio de salud del Gobierno del Distrito Capital», agregó.

Contexto

El poder político en Miraflores empezó a «maquinar» la eliminación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas a raíz de que el opositor Antonio Ledezma ganara las elecciones de 2008 y fuera reelecto en 2013.

Su antecesor, el periodista Juan Barreto, quien llegó con los votos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) no tuvo una buena gestión y el primer alcalde mayor, Alfredo Peña, se desligó del chavismo para convertirse en uno de los principales opositores a la gestión de Hugo Chávez.

A Ledezma comenzaron por quitarle la sede, ubicada en el Palacio de Gobierno frente a la plaza Bolívar de Caracas, por lo que mudó oficinas al Centro Financiero Latino en la avenida Urdaneta. Luego lo despojaron de sus competencias hasta que fue detenido en febrero de 2015 por los delitos de conspiración y asociación. En noviembre de 2017 huyó de Venezuela y actualmente se encuentra exiliado en España.

En su momento, Acceso a la Justicia advirtió que la eliminación del Distrito Metropolitano de Caracas violó el artículo 18 de la Constitución, el cual consagra dicha unidad político-territorial, además de la voluntad popular de quienes votaron por Ledezma.

La ONG dijo que un decreto constituyente emanado de un órgano ilegítimo producto de cuestionadas elecciones, no podía estar por encima de la Carta Magna.