Un tribunal del estado Mérida solicitó la captura de un sacerdote mexicano, a quien espera procesar por abuso sexual, que habría cometido durante su misión en el país en el año 2001.
La denuncia la hizo el ahora abogado José Leonardo Araujo, quien a los 13 años fue víctima del sacerdote paulista Juan Huerta Ibarra, reseñó este sábado 18 de noviembre el diario El País de España, que hace seguimiento al caso.
Araujo tenía inclinaciones al sacerdocio cuando apenas era un adolescente que creció en la población de La Azulita en el estado andino. Fue allí donde conoció a Huerta Ibarra, quien valiéndose de la inquietud del jovencito lo invitó a la casa de formación que el cura dirigía.
Cuando comenzó a visitar el lugar, en el que se quedaba de viernes a domingo, el sacerdote le dio obsequios y atenciones especiales, hasta que con el paso del tiempo lo obligó a dormir en su habitación y comenzó el abuso sexual que se mantuvo por un año.
Araujo lo confrontó después de un año de las violaciones, en la Semana Santa de 2022, por lo que Huerta Ibarra dejó de cometer los abusos en su contra, pero el abogado cuenta que continuó haciéndolo con otros adolescentes.
A Huerta lo enviaron lo enviaron a Roma por un año, tras los abusos, regresó a Venezuela, pero en el año 2012 la congregación de San Pablo, conocida por las publicaciones religiosas, decidió enviarlo a Estados Unidos.
Después de varios intentos de suicidio, Leonardo Araujo comenzó a visitar un especialista al que le confesó los abusos que vivió en su adolescencia.
Iglesia en Venezuela cerró el caso
Ya como abogado inició su camino por hacer justicia, pero dentro de la Iglesia católica venezolana su único intentó no logró frutos, detalla El País de España. Incluso en el año 2018 confrontó al sacerdote abusador, quien vía Whatsapp le pidió llegar a un acuerdo de reparación y evitar la denuncia para no perder su condición de sacerdote.
Ese mismo año, Araujo llevó su denuncia ante el Arzobispado de Mérida, pero desestimaron el caso, después de que entregó fotografías, testimonios y análisis psiquiátricos y tras varios meses de estudiarlo.
Ante la negativa, introdujo la denuncia en tribunales de Mérida, en Roma, Estados Unidos y México, lugares en los que había estado el sacerdote. Finalmente la Congregación para la Doctrina de la Fe abrió un procedimiento contra Huerta Ibarra, además de ordenar que se hiciera en la Arquidiócesis Primada de México, donde se encontraba el cura.
El tribunal de Mérida pidió su traslado a Venezuela para juzgarlo, pero aunque el joven abogado obtuvo el beneplácito del secretario del Episcopado de México, el provincial de la congregación a la que pertenecía negó la medida.
Sin embargo, se dio a conocer otra denuncia de abuso en ese país, donde finalmente “con las mismas pruebas que presentó José Leonardo en Venezuela”, encontraron culpable a Huerta Ibarra en diciembre de 2021, pero del proceso canónico que se le comenzó tres años antes.
Hasta mayo de 2022 estuvo en la casa provincial de la Sociedad de San Pablo en México cuando la Congregación de la Doctrina de la Fe, una de las más importantes del Vaticano, ordenó su expulsión de la vida sacerdotal por los abusos. No obstante, no ha sido juzgado penalmente y los antiguos compañeros con los que se formó dicen desconocer su paradero.
Actualmente, el tribunal de control de Mérida que lleva su causa libró una orden de captura internacional por Interpol, por lo que tiene una ficha roja y lo buscan en 195 países.
Otros casos de pederastia en Venezuela
Una investigación del diario The Washington Post en 2022, reveló que un cura venezolano a quien acusaron y condenaron a siete años de cárcel en 2026, no solo no cumplió la pena sino que regresó a ejercer como sacerdote en el estado Lara desde 2008.
Tras la denuncia del diario estadounidense, la Conferencia Episcopal Venezolana ofreció una rueda de prensa y emitió un comunicado, pero dijeron que los casos que llevan (no explicaron el número) los mantendrían en confidencialidad.
La autora del reportaje preguntó a monseñor Mario Moronta sobre el caso, quien solo le dijo que ya no ejercía el ministerio sacerdotal y que habían reabierto la causa canónica en su contra en 2022, aunque la periodista dijo que había hablado con el acusado que le confirmó estaba en una parroquia larense.
Moronta sostuvo que la CEV no tiene autoridad para tomar decisiones contra sacerdotes denunciados por pederastia porque es la Santa Sede la que debe emprender los procesos.