La delegación de la Unión Europea en Venezuela se pronunció este viernes 23 de febrero para lamentar el deceso de 16 mineros, que murieron atrapados tras el derrumbe de una mina que explotaban ilegalmente en La Paragua, población del estado Bolívar.
En su cuenta de la red social X, antes Twitter, la delegación diplomática de los 27 en territorio venezolano dijo que «lamentan profundamente el fallecimiento de varias personas tras el derrumbe de una explotación minera en el estado Bolívar».
Además, expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas y pidieron por la pronta recuperación de los heridos.
El gobierno habla de 16 fallecidos y la misma cantidad de personas heridas, tras el derrumbe que ocurrió en la mina conocida como «bulla loca», en la población de La Paragua del municipio bolivariano Angostura.
Testimonios recabados por agencias de noticias destacan que el derrumbe se produjo cuando algunos mineros rociaron de agua la mina, lo que dejó atrapados a un número indeterminado de personas.
Las autoridades no han vuelto a informar sobre el número de lesionados o muertos, pese a las protestas que ocurrieron este jueves en el lugar por parte de familiares, que insisten en que continúen las labores de rescate, ante la presunción de que en el sitio aún continúan personas atrapadas.
Indígenas desplazados por minería ilegal
La ONG Kapé Kapé informó este jueves que entre los muertos había tres indígenas del lugar. Condenaron que el extractivismo impulse a los pueblos originarios a perder sus territorios, costumbres y se vean forzados a ejecutar este tipo de labores que provocan una gran contaminación ambiental.
«Las comunidades indígenas en Venezuela, como los pemón, piaroa, ye’kwana y sanemá, entre otras, están directamente afectadas por la minería ilegal. La actividad minera contamina las fuentes de agua con mercurio, sedimentos y otros químicos, poniendo en riesgo la salud de las comunidades y la fauna local. La deforestación masiva para la explotación minera genera erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y afectación del clima local», dijeron en un comunicado de prensa este 22 de febrero.
También mencionaron que la minería ilegal, con grupos armados bajo el control de estos espacios, provoca la explotación laboral a indígenas y la pérdida de sus costumbres y tradiciones.
Desde que se produjo el derrumbe, el martes 20 de febrero, el gobierno trasladó al día siguiente funcionarios de seguridad y rescate para las labores de atención a las víctimas, instalaron un hospital de campaña para socorrer a los heridos e incluso usan la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar.
Sin embargo, los familiares exigen que continúen los trabajos y demandan mayor atención en La Paragua, una comunidad rural empobrecida del estado Bolívar, donde son constantes las fallas eléctricas y de conectividad.