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En diciembre de 2022, los vecinos de la Calle B de La Alameda (municipio Baruta) se enteraron de la existencia de un proyecto para construir canchas de pádel que implica deforestar 5.000 metros cuadrados de un bosque urbano de la zona.

No fue una consulta pública sino el ruido de la maquinaria que se disponía a “preparar” el terreno lo que advirtió a la comunidad sobre lo que pasaba.

Los vecinos frustraron este primer intento, seguido de otro el 10 de enero de 2023, de acuerdo con el testimonio de la abogada y habitante de la zona Fabiana Garantón.

Garantón señala al entonces director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta, Harold Sosa, de firmar el permiso para el proyecto de construcción. El exfuncionario fue detenido en el marco de la llamada operación anticorrupción que ordenó el gobierno de Nicolás Maduro.

La abogada también destaca un recurso que fue presentado ante la fiscalía con competencia en delitos ambientales, el 30 de enero, en rechazo a la construcción.

“Ese mismo día (30 de enero) vino una comitiva de aproximadamente 30 funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo, junto con los dueños de la parcela, y dijeron que iban a paralizar la obra mientras se realizaba la respectiva investigación porque se trata de un bosque primario (virgen)”, recuerda.

Seis meses después, se notifica el reinicio de la construcción, el 18 de julio, a pesar de que el acta de sobreseimiento del caso tiene fecha del 21 de julio. Un sobreseimiento que no fue notificado al denunciante, el abogado Juan Garantón, pero sí al alcalde del municipio Darwin González, quien fue el que presentó el documento ante una asamblea de vecinos que se convocó este sábado 22 de julio.El próximo martes 25 de julio, apelarán esta decisión, anticipa Garantón.

En la asamblea, la alcaldía proporcionó el estudio de impacto ambiental y socio cultural que no había hecho público hasta este sábado, denuncian varios vecinos. De acuerdo con el artículo 129 de la Constitución, “todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural”.

¿Por qué se oponen a la construcción en La Alameda?

Además de la defensa de derechos ambientales, existen argumentos técnicos sobre posibles riesgos que pueda provocar la deforestación y remoción del terreno.

El ingeniero hidrometeorologista y vecino de la zona, Juan Arévalo, afirma tener fundamentos razonables para creer que esto puede provocar deslizamientos que puedan afectar la zona residencial de Colinas de Bello Monte.

“La apreciación que tengo se fundamenta en una ordenanza sobre riesgos geológicos que se hizo para Bello Monte donde se incluyó ese terreno, de ahí sale mi preocupación”, precisa.

El profesor explica que, según la ordenanza, en la zona hay un cauce que fue rellenado (presume que con el excedente de tierra de los desarrollos urbanísticos que se hicieron) y teme que, al alterar la superficie con la construcción de las canchas, pueda colapsar.

Adicionalmente, señala que al deforestar el lugar se producirá una alteración en la fracción de agua en la zona: “En esta cuenca hay una fracción de agua que retiene la propia vegetación cuando llueve, otra parte se infiltra en el terreno y otra se escurre, esa es la que vemos superficialmente en las calles, etc. Al tú sustituir una superficie de las dimensiones de las que ellos hablan estás produciendo una alteración y esto provocará un excedente de agua que no se sabe a dónde van a tirar toda vez que en esta calle, cuando hay lluvias fuertes, baja una importante cantidad de agua”.

Arévalo coincide con que el informe de impacto ambiental y socio cultural no había sido entregado a la comunidad a pesar de las reiteradas solicitudes. “Tenemos meses buscando ese estudio y es ahora que apareció, eso nos genera dudas”, cuestiona.

El abogado Alberto Albarracín, presidente de condominio de las residencias Alameda, rechaza la construcción porque considera que provocará problemas de seguridad, con la entrada de extraños que asistan a las canchas. También le preocupa el incremento de los niveles de ruido y la alteración del tránsito que pueda producir por lo estrecha que es la calle B.

“El alcalde en la asamblea dijo que quiere ayudar, pero que hay un derecho de propiedad. Pero le hicimos ver que el derecho al ambiente es imperativo, el derecho a la propiedad tiene limitaciones y excepciones. El derecho a la propiedad que se alega también es cuestionable porque en el área hay un tanque de Hidrocapital y un paso de servidumbre”, argumenta.  

Asegura que la mayoría no acepta las canchas: “La comunidad está levantada, estamos unidos la gente de La Alameda de la Calle A, B, T, Valle Arriba, Santa Fe y Colinas de Bello Monte”.

El proyecto afectaría a una población de 1.500 personas que residen en 365 unidades habitacionales, según Albarracín.

¿Qué dicen las autoridades? 

El 27 de julio de 2022, el Ingeniero Armando José Belloso Clemente solicitó al Ministerio de Ecosocialismo la acreditación técnica del estudio de impacto ambiental y sociocultural, asociado al proyecto de construcción de canchas deportivas de pádel, ubicado en la parcela D, calle B, La Alameda.

En la providencia N° 412, mediante la cual se otorga la acreditación técnica, el ministerio alega que el desarrollo propuesto es de carácter social en beneficio de la comunidad y “se justifica fundamentalmente porque el área es una superficie totalmente virgen y las condiciones son aptas para realizar el deporte”.

En el documento se informa sobre la realización de una inspección el 28 de septiembre de 2022, hecha por funcionarios de ese despacho, donde «se observó una parcela de terreno con un área aproximada de 21.000 metros cuadrados, de los cuales solo se afectaran 5.000 metros cuadrados».

«En el terreno se observa ciertos árboles principalmente de la especie jabillo, cujíes, casco de vaca, ceiba, acacias, entre otros que requieren su talado para dar cabida al proyecto», señala la providencia.

Otro dato que destaca es que la providencia confirma que, el 19 de septiembre de 2022, la dirección de ingeniería municipal, para el momento en manos de Harold Sosa, autorizó al ciudadano Belloso a realizar limpieza y desmalezamiento de vegetación para levantamiento fotográfico de la flora y el levantamiento topográfico del terreno.

El ministerio ordena ante el «rechazo social al proyecto» acciones de concertación, negociación y acuerdo social con las comunidades vecinas.

Sobre el riesgo de desplazamiento y derrumbes, el ministerio exige a acatar las recomendaciones del estudio de suelos y de la ordenanza de la alcaldía en materia de cauces; protección de taludes con muros de concreto armado en el sótano, los cuales estarán adosados a la edificación.

Igualmente, la instrumentalización de un plan de drenajes superficiales; y la construcción de obras necesarias para el manejo de aguas de escorrentía o canalización de aguas de lluvia (torrenteras, canales, etc.).

El ente concluye que “no existen limitantes naturales para el proyecto, no se reportaron áreas de alta o de extrema sensibilidad ambiental”.

Además establece, como medida compensatoria “por la afectación de vegetación baja, rastrera, arbustiva arbórea, plantar 200 individuos arbóreos autóctonos del sector o especies forestales que se adapten a las condiciones físico-naturales de la zona”.