Este miércoles 12 de abril, funcionarios de la Policía Nacional Contra la Corrupción se llevaron al director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta, Harold Sosa. El alcalde de dicho municipio, Darwin González (Fuerza Vecinal), confirmó el hecho, pero aclaró que no se trata de una detención sino de una «invitación a declarar» como parte de la investigación por la trama de corrupción detectada en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
González hizo énfasis en que los efectivos policiales no se llevaron esposado a Sosa del edificio administrativo de la Alcaldía en el municipio Baruta y que luego del interrogatorio, que estimó, sería «largo», espera que sea liberado.
«Esos interrogatorios son largos, de cinco o seis horas incluso. Yo espero que después de ese interrogatorio sea liberado sin problemas (…) Estas cosas deberían hacerse en la Alcaldía porque allí están todos los documentos disponibles, para facilitar los procesos», declaró a Tal Cual.
Fuentes del Concejo Municipal de Baruta, también confirmaron a Efecto Cocuyo el «traslado» de Sosa pero que se desconocía bajo qué condición acompañó a los funcionarios.
En el escándalo de corrupción en Pdvsa por el desfalco de 3.000 millones de dólares más otras pérdidas por facturas de exportación petrolera, la Constructora HP, responsable del levantamiento de edificios de lujo en las Mercedes, municipio Baruta, aparece vinculada a través de sus dueños Rafael y Roger Perdomo, a quienes la Fiscalía General acusó de legitimación de capitales.
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Una investigación de Armando Info reveló que también poseían contratos para labores de reparación y mantenimiento en los muelles del Centro de Refinación Paraguaná, en el estado Falcón y Complejo de José Antonio Anzoátegui en la entidad oriental del mismo nombre.
El alcalde Baruta aseguró que su gestión no tiene nada que ocultar en los permisos otorgados a la Constructora HP para las obras en territorio municipal.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez advirtió durante la sesión (21 de marzo) en la que se allanó la inmunidad parlamentaria del diputado Hugbel Roa, detenido por el caso Pdvsa, que si en el proceso «caía» algún alcalde opositor, después no lo fueran a llamar «preso político».
El mismo día de la sesión de la AN de 2020, la Constructora HP emitió un comunicado en el que aseguró no tener relación con hechos de corrupción y que todos sus contratos para la ejecución de obras tanto con entes públicos como privados se apegan a las leyes vigentes. También dijeron estar dispuestos a colaborar con cualquier investigación.
El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sutic) señaló a Efecto Cocuyo que 180 obreros que prestan su servicio para la Constructora HP fueron afectados por la suspensión de su salario semanal, a raíz de la investigación por supuestos hechos de corrupción en Pdvsa, por lo que piden una respuesta a las instituciones competentes del Estado.
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«Esos interrogatorios son largos, de cinco o seis horas incluso. Yo espero que después de ese interrogatorio sea liberado sin problemas (…) Estas cosas deberían hacerse en la Alcaldía porque allí están todos los documentos disponibles, para facilitar los procesos», declaró a Tal Cual.
Fuentes del Concejo Municipal de Baruta, también confirmaron a Efecto Cocuyo el «traslado» de Sosa pero que se desconocía bajo qué condición acompañó a los funcionarios.
En el escándalo de corrupción en Pdvsa por el desfalco de 3.000 millones de dólares más otras pérdidas por facturas de exportación petrolera, la Constructora HP, responsable del levantamiento de edificios de lujo en las Mercedes, municipio Baruta, aparece vinculada a través de sus dueños Rafael y Roger Perdomo, a quienes la Fiscalía General acusó de legitimación de capitales.
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El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sutic) señaló a Efecto Cocuyo que 180 obreros que prestan su servicio para la Constructora HP fueron afectados por la suspensión de su salario semanal, a raíz de la investigación por supuestos hechos de corrupción en Pdvsa, por lo que piden una respuesta a las instituciones competentes del Estado.