No poder asistir a clases diariamente se ha convertido en una realidad para muchos niños en el país.
No contar con todos los profesores, tener que trabajar para poder sobrevivir, centros de salud con personal e insumos limitados, niños que están siendo criados por sus abuelas porque los padres migraron a otros países, el abuso sexual, maltrato infantil y acoso escolar que siguen haciendo de las suyas, el aumento en la afectación de la salud mental, incluyendo la ideación suicida en el caso de adolescentes forman parte del día a día.
El día a día nos hace topar con niños de la calle y otros hurgando en la basura. A mediados de los años 90 se inició un proceso de movilización social para que las niñas, niños y adolescentes pudieran gozar, de manera progresiva y sostenida, del disfrute de los derechos humanos consagrados en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).
Quienes participamos en ese proceso jamás imaginamos que un cuarto de siglo después la población infantil lidiara con una situación tan adversa.
A pesar de que el Estado se ufana de que la población cuenta con la Lopnna y otros instrumentos legales para su protección; sin duda la realidad social de los niños y adolescentes hoy es mucho peor y el colapso de las instituciones y programas minimiza las posibilidades de atención.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que a pesar de la existencia de leyes especiales que protegen a las niñas, niños y adolescentes (como la Lopnna), es manifiesta la notoria brecha existente entre los derechos reconocidos en las normas y la realidad en la que viven millones de niños y niñas en el hemisferio.
Las leyes solas no bastan
El mero reconocimiento legal de sus derechos es insuficiente para garantizar su efectiva vigencia y para transformar sus realidades. Se requiere un andamiaje institucional y de un modelo operativo que asegure el cumplimiento de las normas y el pleno disfrute, la protección y la defensa de todos los derechos.
Estos modelos organizativos y estructuras operativas se conocen con el nombre de Sistemas Nacionales de Protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Este Sistema en nuestro país se comenzó a montar una vez la Lopnna entró en vigencia el 1° de abril de 2000. La institucionalidad que se creó contando con el apoyo de un movimiento social ilusionado y esperanzado, con los años se ha ido debilitando y hoy en día su presencia es precaria.
Eso puede explicar porque a pesar de existir tantos casos de violación de los derechos de niños y adolescentes no se cuente con voces y acciones visibles y efectivas de los órganos competentes para la protección de los niños o del poder ciudadano. Pasan cosas gravísimas y ni siquiera hay una reacción oficial.
La responsabilidad de prevenir
La Relatora de los Derechos del Niño de la CIDH afirmó que “no es suficiente con solamente intervenir para proteger a los niños y las niñas frente a violaciones a sus derechos una vez estas han ocurrido, como tampoco la creación de programas de corte asistencialista que no aborden las causas de estas vulneraciones a derechos ni contribuyan a prevenirlas”.
Ojalá el corto período electoral permita visibilizar las múltiples prioridades que la población infantil requiere sean atendidas a través de políticas públicas que le den efectiva respuesta.
Disculpen niños, niñas, adolescentes, jóvenes porque las expectativas generadas no se pudieron cumplir. Como país les hemos fallado.
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