Ana Obregón, una conocida actriz española acaba de comprar una bebé que mandó a fabricar con el semen de su hijo muerto, lo que convierte a la niña en su hija-nieta. Lo hizo, según sus declaraciones, porque ese era el deseo de su hijo antes de fallecer. Otros ricos y famosos como Elon Musk, Kim Kardashian, Jessica Chastain, Cristiano Ronaldo, Ricky Martin, Lucy Liu, James Rodríguez, Tyra Banks, Elton John, Nicole Kidman, Nick Jonas, Sarah Jessica Parker, Miguel Bosé y muchos más, han pagado mucho dinero a compañías que intermedian, por alquilar el vientre de una mujer pobre (le dicen subrogación o maternidad por sustitución para que no suene tan feo), a quienes les pagan para que se embaracen, a los nueve meses los paran y se desprendan de las criaturas.

Esta moderna práctica de control y explotación sexual es romantizada mostrando fotos edulcoradas de la pareja infértil, hetero u homosexual, o en este caso de la abuela madre, felices, recibiendo a la criatura, sin que nadie hable del efecto que esto trae en la madre alquilada en su función vasija cosa, que por contrato debe permanecer en el anonimato ni reclamar nada, borrada, desechada después de parir. A las mujeres, por una cosa u otra, siempre nos borran.

No es un derecho humano tener hijos

La maternidad no es un derecho, por lo que las mujeres que pueden tener hijos no les deben nada a las que no. Así como ocurre en la prostitución y la pornografía, la vulnerabilidad y necesidad económica es lo que verdaderamente lleva a las mujeres de muchos países pobres a servir de incubadoras durante nueve meses para entregar su bebé a otros y no por un acto de altruismo.

El deseo de tener hijos no está explícitamente reconocido como un derecho humano en los instrumentos internacionales, aun cuando el derecho a fundar una familia está protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece en su artículo 16 que «Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio».

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha reconocido el acceso a la salud reproductiva como un derecho humano, incluyendo el acceso a la información, a los métodos anticonceptivos, al aborto seguro y a la asistencia médica necesaria para la prevención y tratamiento de la infertilidad.

En cualquier caso, el derecho a fundar una familia debe ser equilibrado con otros derechos humanos, como el derecho a la protección contra la explotación y el abuso, y eso se vulnera completamente cuando se alquila a una mujer para que se preñe a cambio de dinero.

Un negocio

La mayor prueba de que esta es una industria en expansión, basada en la explotación sexual de las mujeres, es la existencia de granjas de mujeres embarazadas. Ucrania, por ejemplo, es conocido como el «útero del continente» con sus numerosas clínicas de fertilidad donde, según estimaciones, cada año y aun en guerra, nacen 2.500 bebés comprados por parejas extranjeras, aun cuando esta práctica esté prohibida en los países de origen de los compradores.

La lista de países donde existe la compraventa de bebés la integran India, Tailandia, Laos, Camboya, Nepal, Irán, Georgia, Israel, Kenia, Guatemala y México. Estados Unidos es el país más caro para comercializar la paternidad y la maternidad pues los costos van desde 130 mil hasta 200 mil dólares. En el caso de Europa, el precio oscila entre 45 mil y 150 mil euros.

Aunque en nuestro país no es considerado un lugar de turismo reproductivo, los acuerdos de maternidad subrogada sí están ocurriendo. La abogada zuliana Lourdes Rincón explica que «no hay una regulación para los tratamientos de reproducción asistida, incluyendo el tema de los vientres de alquiler» y que a pesar de que estos centros existen en Venezuela desde 1974, «se ha venido ejecutando sin control del Estado».

Duele y sorprende la forma en que muchas agencias y centros de reproducción publicitan los servicios para comprar bebés: «Le garantizamos el éxito o le devolvemos el dinero». «Personal capacitado», «La edad ya no es un problema», «Les ayudamos a cumplir sus sueños», «El paquete incluye excursión personalizada», «Elección del sexo del bebé», «Reinicio del proceso en caso de aborto». Vale la pena preguntarse, ¿Qué tan distinto es todo esto al tráfico de personas? ¿Cuánto vale realmente una vida?
Deseos no son derechos.

La subrogación está cargada de consideraciones éticas y morales, porque conlleva importantes riesgos psicológicos y físicos para las mujeres cuyos úteros han sido «alquilados», para las mujeres cuyos óvulos han sido recolectados para crear un embrión y para los niños y niñas que nacen de estas transacciones.
Las madres gestantes son sometidas a técnicas de desprogramación para que, desde el inicio del proceso, piensen que ellas son únicamente los objetos, pero que no son sus madres. Las clínicas someten a las mujeres a una terapia psicológica para tratar de suprimir el vínculo con el feto. Bajo adiestramiento, se convierten así en portadoras de una mercancía que deben asegurarse de entregar en perfecto estado.

El foco siempre se pone en los deseos de los «padres de intención» sobreponiéndose a los intereses de las madres que los gestan. Pero comprar a una persona es ilegal y una violación grave de los derechos humanos. Cualquier forma de tráfico de personas, incluyendo la gestación alquilada, debe ser considerada un delito y una violación de la dignidad humana. La venta de bebés como medio de subsistencia no puede legalizarse, porque entre otras cosas, el cuerpo de las mujeres no es un producto comercializable.

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