Hace unas semanas publicamos nuestra más reciente investigación El FAES no depende de nadie. La muerte como divisa (leer informe) en la que intentamos reflexionar sobre el fenómeno “FAES” como una manifestación vigilante venezolana. En el informe se presentan datos e indicadores objetivos sobre el legado mortal de esta división que pronto cumplirá sus cinco años.

Uno de los hallazgos que nos llamó la atención, tiene que ver con el lugar y las condiciones en la que ocurrieron un número significativo de las muertes producto de su intervención.

En el 58% de los casos analizados se pudo obtener información sobre las características del lugar de los eventos, en los que están involucrados todos los organismos de seguridad. Dentro de estos casos, la mayoría ocurrió en sitios abiertos (72,5%). El 31,4% de las víctimas fueron ejecutadas dentro de sus viviendas. Al analizar las cifras que corresponden a las FAES, 38% de las muertes fueron ejecutadas dentro de las viviendas en donde se encontraban las víctimas. Estas acciones se han venido consolidando en el período 2016-2020, mostrando una tendencia hacia su institucionalización.

En el 2016, año en el que se inician actividades, el 14,8% de los casos ocurrieron en estas circunstancias, al año siguiente se incrementa al 51%, para luego estabilizarse los dos años siguientes en 46%. Porcentajes superiores a la del conjunto de los cuerpos policiales en el país, que posiblemente se han visto también influenciados por esta división, así como por la promoción y tolerancia institucional que se tiene hacia ella. Se puede observar el incremento de estas prácticas también por otros cuerpos a nivel nacional, sin llegar al mismo nivel de las FAES (Gráfico 1).

Gráfico 1
Fuente: Ávila, 2022:82

No se debe perder de vista que los datos analizados son apenas un subregistro, por ello es importante contrastar con lo que aportan los testimonios de familiares y testigos de estos acontecimientos, así como con expedientes, ya que la versión policial es la que predomina en las fuentes analizadas (81%) y no coincide con lo que recogen diversas ONG. Según estas fuentes la mayoría de los casos ocurre en la propia vivienda de los fallecidos. La información disponible da suficientes indicios como para afirmar que este tipo de prácticas -que no son novedosas en el país– se han hecho más comunes e intensas. En el período estudiado se observa una disminución de la ocurrencia de casos en sitios abiertos: de 74% en 2016 a 47% en 2020; a la vez que se incrementan los casos en sitios cerrados: 26% en 2016 a 53% en 2020 (Gráfico 2).

Gráfico 2
Fuente: Ávila, 2022:83

Otro aspecto relevante es el incremento de las actividades en sitios cerrados (viviendas) por parte de los cuerpos de seguridad en general. En 2016, ocupaban el 17% de los casos, cuatro años después se eleva a 41%. Más del 60% de los casos -donde se llevaron a cabo estas muertes- se ejecutan dentro de las viviendas, este porcentaje también se incrementa con el paso del tiempo (Gráfico 3). No en vano la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela (2020) al analizar las ejecuciones extrajudiciales en el país afirmó que los “asesinatos se produjeron con mayor frecuencia en la casa de las víctimas o en el vecindario” (p.14).

Gráfico 3
Fuente: Ávila, 2022:84

Un denominador común en los casos son las constantes denuncias de robo de las pertenencias de las víctimas por parte de los funcionarios de las FAES, tras los enfrentamientos. Estos actos de pillaje institucional que ya estaban presentes en las OLP, y que se han documentado también en otros trabajos. El Fiscal General lo ha denunciado públicamente.

Estos hallazgos, junto a los indicadores de abuso de la fuerza letal que hemos analizado en los últimos años, y el perfil de las víctimas, que también se abordan en la investigación objeto de estas líneas, suman suficientes evidencias que demuestran que la mayoría de estos casos no son enfrentamientos.

Aunque mucho se ha debatido sobre la supuesta eliminación de esta división, se ha diversificado hacia otros espacios como la DCDO, DIP, DIE, BTI, etc., continuando sus políticas de exterminio, así como la impunidad de sus casos.

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Del mismo autor: La limitada transparencia en el uso de la fuerza letal en América Latina y el Caribe