Una reciente medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac), la licencia general número 42, permite a los exdiputados de la oposición venezolana realizar transacciones relacionadas con las negociaciones de deuda del gobierno de Venezuela, PDVSA o cualquier entidad donde la República posea una participación igual o superior al 50%.

Diferentes voceros del gobierno nacional han expresado su rechazo a la licencia 42 de la Ofac, porque de alguna manera da autonomía a un grupo político venezolano, identificado con la oposición, para disponer de los activos del país en el extranjero.

Revisando a profundidad el contenido de tal licencia, la Asamblea Nacional de 2015 no podrá liquidar activos venezolanos en piso americano para honrar las deudas de nuestro país. No obstante, es explícita  que tras una conciliación entre la Asamblea y los acreedores, con nuevas licencias de la Ofac para tal fin, dichas liquidaciones son totalmente admitidas.

Para que entendamos el contexto, existen empresas como la minera canadiense Crystalex y la petrolera americana ConocoPhillips, entre otras, que ganaron sendos arbitrajes internacionales contra Venezuela. En virtud de estas supuestas deudas venezolanas, así como la deuda por concepto de vencimiento de intereses y capital de los bonos República y PDVSA, los acreedores podrían pedir a cambio la confiscación de activos venezolanos en jurisdicciones internacionales para cobrarse sus reales.

En piso americano, donde aplican las sanciones de la Ofac, el activo más grande que posee Venezuela es Citgo, la filial de PDVSA, que comprende 8 refinerías y numerosas comercializadoras de gasolina, lubricantes y petroquímicos venezolanos. Citgo al cierre de 2022 -en una una golpeada operación- produjo la bicoca de 2,8 millardos de dólares, constante y sonante, por concepto de utilidad neta.

¿Quién es el propietario de Citgo?

El propietario de Citgo, así como de todas las empresas del Estado venezolano, somos usted y yo, los ciudadanos de nuestro país. No son, ni serán los oficialistas u opositores que gobiernan Venezuela.
Esta verdad lapidaria, lamentablemente es flagrantemente desconocida por los políticos venezolanos y americanos que juegan con la indiscutible propiedad y voluntad de nuestro pueblo.

¿El Departamento de Estado americano y la Ofac nos han consultado  sobre quién o quiénes deseamos que administre Citgo u otros de nuestros activos  en el extranjero? Le digo de plano la respuesta: ¡No!

¿El gobierno del presidente Maduro, que sin duda gobierna nuestro país, nos guste o no, así como la Asamblea Nacional del 2015, que no sabemos qué gobierna; nos han consultado a los venezolanos sobre qué queremos hacer con nuestros activos dentro o fuera de Venezuela? También le digo la respuesta: ¡No!

El congreso gringo, así como el propio Departamento de Estado se guía por los decires de la oposición radical para decidir sobre nuestro destino político y económico.

La oposición nacional defiende sus intereses políticos, buscando ganar las presidenciales del 2024 a como dé lugar, sin reparar en que la mayoría de los venezolanos clamamos, gritamos, por mejoras estructurales de nuestra economía sin mostrar mayor identificación política con ellos.

El gobierno, el oficialismo, está abocado a mantener su propia agenda política revolucionaria, sin escuchar a la mayoría que exigimos acuerdos con la oposición y con los países que nos bloquean para que se levanten las sanciones generales a la brevedad y podamos de una vez respirar desde el punto de vista económico.

No hemos visto hasta ahora, a ninguno de los factores realizando una consulta donde la mayoría de nuestra población pueda manifestar formalmente su deseo respecto a las sanciones a Citgo y cualquier cosa que pueda afectar en este momento a Venezuela.

Cada vez más, parece que por mezquindades políticas, nosotros, los ciudadanos, tendremos que esperar las próximas elecciones presidenciales, para las que faltan dos años, para comenzar a atender la crisis económica que nos diezma como población.

Aquí y allá, unos y otros, hablan de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. ¿Nos les parece  una violación de derechos humanos que 30 millones de personas, los venezolanos, no seamos escuchados en nuestro deseo de retomar el rumbo económico de Venezuela?

Señores políticos, gringos, de otras partes, y también locales, Citgo, así como otras empresas públicas y los activos del Estado venezolano, son nuestros, de los habitantes del país, no son solo de ustedes. Sería interesante, que nos escuchen antes de disponer de bienes que nos pertenecen.

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