La normativa de la universidad autónoma venezolana alude a que «la enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu de democracia» (Artículo 4º de la Ley de universidades). Aplica ante la necesidad de organizarse académicamente, incluso para renovar sus autoridades. «La Universidad es una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre» (Artículo 1º Ley de Universidades, 1970). También la Universidad «es un proceso formado por continuidades de razones y efectos que buscan traducir las exigencias de desarrollo integral de la nación desde la docencia, la investigación, la extensión y la compenetración con la vida que inducen sus valores morales y principios éticos».

Tan sucinta concepción pareciera enturbiada por razones individualistas, por el fragor político que existe en la naturaleza del ser humano. Es precisamente lo que caracteriza el terreno en el que se debaten los múltiples propósitos que direccionan el devenir académico universitario. Propósitos que suelen colisionar con intereses que definen la dinámica académica universitaria. 

Desencadenantes

Las realidades que dan espacio a dichas formas políticas de organización, son representativas de lo que en esencia caracteriza la democracia. A menos que la democracia académica-universitaria no funcione debidamente como mecanismo de organización institucional, coordinación social y administración patrimonial.

La disposición que establece la Ley de Universidades cuando dictamina la alineación entre una enseñanza universitaria inspirada «(…) en un definido espíritu de democracia, de justicia social y solidaridad humana (…)» sumado al dictamen «(…) de colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales» (De los artículos 4º y 2º, Ley de universidades), «fragua posibilidades y anima justificaciones que tienden a desvirtuar el concepto de “autonomía universitaria».

En consecuencia, surgen intereses en solapada complicidad con disfrazadas intenciones de conspirar en perjuicio de la libertad académica y de la libertad de iniciativa que por derecho detenta la Universidad autónoma. Así vienen dándose, basados en la opresión utilizada bajo una descarada intimidación para doblegar a la Universidad a someterse a los intereses que al autoritarismo gubernamental convienen. Es ahí cuando el régimen opresor busca imponer su juicio contrariamente a lo que la propia Constitución de la República indica al prescribir «la autonomía universitaria como principio y jerarquía (…)» (Artículo 109 constitucional) para darse sus normas de gobierno, funcionamiento y administración de su patrimonio.

Inferencias

De cuestiones así, se prenden actitudes que, en nombre de razones políticas, persiguen liderazgos planteados en torno a cambios institucionales sin mayor justificación académica. Pero que se hacen acompañar de impertinentes narrativas con el objeto de alcanzar posiciones que garanticen el espacio político necesario que luego, sus operadores políticos intercambian por dádivas conferidas mediante consentimiento político-gubernamental.

Ese ha sido el camino que circunstancias arregladas mediante amenazas, represión e insidia pública y hasta legalmente propuestas y autorizadas por el alto gobierno, han descalabrado la Universidad autónoma. Incluso, han sido causales del desarreglo y condición moribunda que exhibe su claustro. Igualmente muestran sus aulas, dependencias, coordinaciones y laboratorios. Es decir, el ámbito de toda su funcionalidad.

Para lograr tal estado de disgregación, condición capaz de movilizar subrepticiamente fuerzas políticas a lo interno de la Universidad, aprovechándose de coyunturas electorales, el régimen político venezolano se ha valido de un poder impúdico. 

Precisamente, algunos miembros de la comunidad universitaria valiéndose de los procesos electorales que se corresponden con la dinámica político-académica- actúan como «manipuladores de excepción» para incitar enredos y marañas en una frenética carrera hacia la pérdida de la función rectora en la educación, la cultura y las ciencias, proceso propio del devenir académico universitario.

Al cierre

En el ambiente que tan irreverente situación anima, emergen oficios en miembros de la comunidad universitaria que desmerecen del respeto a la dignidad del universitario. Igualmente del cumplimiento de deberes, principios y derechos, consagrados en los códigos éticos y morales que modelan la ciudadanía académica. Por tan deprimente razón, aparecen «delatores de oficio» -siempre acompañados de cuantos personajes escondidos en «caballos de Troya»- que logran traspasar importantes barreras del ejercicio político que obviamente caracteriza un proceso electoral realizado en el marco de un sistema político democrático.

El problema surge cuando alrededor de ese tipo de acciones, se deshonra el patrimonio moral que afianza la movilidad supeditada a las virtudes que su comunidad despliega en aras de asegurar un futuro consolidado de la Universidad autónoma y crítica (venezolana). Más aún, al reconocerse que cualquier desatino refleja siempre una realidad donde tiene exacta cabida la verdad. Y aunque la situación revele agudas contradicciones, los problemas siempre serán parte de ella. Pues a pesar de la tristeza que induce y lo paradójico que como realidad o situación compromete, los aprietos en proceso son problemas propios del mismo embrollo.

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