Las extintas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), por más de cuatro años, constituyeron una maquinaria de muerte. Sus víctimas principalmente jóvenes de los sectores populares. Produjeron mucho sufrimiento en miles de familias en cada uno de los estados del país y en la propia capital.
Su forma de operar tenía el propósito de generar terror. Entraban a las zonas populares encapuchados, con armas largas, realizaban allanamientos masivos sin orden judicial, saqueaban las viviendas y dentro de ellas con frecuencia procedían a quitarle la vida a las personas.
Madres, hijos, hermanos, escuchaban los suplicios de las víctimas para que no las mataran y finalmente los disparos, generalmente dirigidos contra el tórax, una vez que arrodillaban al joven. Se creían invencibles. Valientes con un arma contra familias indefensas, pero no contaban con un elemento: madres y otros familiares no se intimidaron e iniciaron una larga lucha por la justicia.
Este año se han visto los resultados. Se está demostrando que, pese a las adversidades del sistema de justicia, pese a las amenazas, es posible lograr la condena de quienes cobardemente dispararon contra los jóvenes.
El brazo largo de la justicia
El pasado 24 de abril la perseverancia de una madre y de un hermano, el abogado Alexis Lira, quien con firmeza y habilidad jurídica resistió durante cinco años amenazas, maniobras de los imputados y su equipo jurídico e irregularidades en los operadores de justicia, lograron la condena de dos funcionarios de la extinta FAES a 30 años y otros cuatro a 23 años de prisión.
En un procedimiento donde se demostró alevosía, uso arbitrario de la fuerza y abuso de poder asesinaron al para ese momento funcionario de la policía del municipio Chacao, Fernando Lira y a Eligio Duarte.
Pensaron que con la mentira tradicional de simular un enfrentamiento lograrían impunidad. Los cálculos le fallaron. De envalentonados policías, algunos en pleno tribunal se arrodillaron cuando se dieron cuenta que el brazo de la justicia los alcanzaba.
Otra madre, Carmen Arroyo, imponiéndose a las amenazas, a las dificultades del día a día en un país que arrebata calidad de vida sobre todo a los más pobres, pero no logra quitarles su dignidad, logró la condena contra otro funcionario de las FAES.
El hijo de Carmen se llamaba Christian Alfredo Charris Arroyo y con tan solo 25 años fue ejecutado por los policías el 24 de septiembre de 2018. Era un conocido barbero que regresaba a su casa luego de celebrar su cumpleaños.
El funcionario que disparó fue condenado a 23 años y 15 días de prisión. Hay que reconocer en este caso la adecuada actuación del Ministerio Público quien logró demostrar la responsabilidad del funcionario. Queda pendiente el juzgamiento de quienes participaron como coautores o cómplices necesarios.
Faltan avances
Otros casos donde están involucrados funcionarios de la extinta FAES van avanzando. Nuevas noticias alentadoras pueden venir próximamente.
Hay un aspecto donde no hay avances: la investigación y juzgamientos de los más altos mandos quienes desde 2017 planificaron, dirigieron y alentaron a sus funcionarios a recurrir al uso arbitrario de la acción letal sembrando luto día a día. Somos optimistas que también se hará justicia.
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