La primera semana de noviembre ocurrieron dos hechos que involucran a estudiantes de dos universidades. Una pública, la Universidad Central de Venezuela; la otra privada, la Universidad Católica Andrés Bello.
Los estudiantes de la UCV, liderados por la Federación de Centros Universitarios, repudiaron la presencia policial en las instalaciones universitarias. Policías uniformados realizaban operativos dentro del campus, como lo hacen en las calles y avenidas, intimidando y abusando de la autoridad.
Desde hace unos 10 años se fue normalizando que policías y militares transiten por las calles y pasillos de la universidad y, en tiempos más recientes, que realicen operativos.
La comunidad estudiantil también ha identificado a funcionarios de cuerpos de inteligencia ya sea porque son vecinos o los han visto en las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia.
La presencia policial, en sus diversas formas, pareciera extenderse y consolidarse en las áreas de la UCV y pudiera ampliarse a todas las universidades autónomas si no se continúan alzando voces de rechazo.
Ciertamente, en algunas oportunidades, integrantes de la comunidad universitaria han justificado y hasta aplaudido la presencia policial ante el auge de la delincuencia. Pero se cambia un riesgo por otro. En un país donde se perpetran crímenes de lesa humanidad, la actuación policial genera riesgo de arbitrariedades y abuso.
Si el gobierno otorgara a la Universidad presupuesto suficiente se pudiera adoptar medidas más efectivas para garantizar seguridad y, en coordinación con las autoridades municipales y nacionales, establecer planes preventivos.
En otras circunstancias, pero igual rechazando acciones del autoritarismo, estudiantes de los núcleos Caracas y Guayana de la Universidad Católica expresaron su desacuerdo con la presencia en el campus universitario de Nicolás Maduro Guerra a quien, según los estudiantes, es “representante del totalitarismo, la violencia y la militarización”.
En su pronunciamiento señalan además que, aunque la UCAB es un “espacio libre, abierto y plural para la comunidad estudiantil es inaceptable tolerar la intromisión del representante de un régimen que censura, persigue y tortura estudiantes” como a John Álvarez, estudiante de la UCV, sometido a torturas por funcionarios de la Dirección de Acciones Tácticas y Estratégicas de la Policía Nacional Bolivariana.
Las dos acciones tienen en común que los estudiantes alzaron la voz contra el autoritarismo.
Una muestra de la rebeldía de la juventud venezolana que no se intimida a pesar de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por quienes detentan el poder.
***
Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.
Del mismo autor: Las primarias son un acto de resistencia