Este 14 de julio las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB cumplen cinco años de su activación pública. Desde sus inicios esta división ha sido señalada por diversas organizaciones y actores institucionales de cometer graves violaciones a los derechos humanos en el país. Lo que sigue a continuación es un extracto de las conclusiones de la investigación: El FAES no depende de nadie. La muerte como divisa, que publicamos hace unas semanas, en un intento de dar respuesta a varias interrogantes vinculadas con el fenómeno FAES.

Uno de los debates que se han generado sobre esta división es su supuesta disolución, como consecuencia de su descontrol que ha llegado incluso a tocar los intereses de simpatizantes del gobierno, y han circulado versiones diversas compatibles entre sí. La principal y más general es que los miembros de las FAES están siendo integrados, distribuidos, repartidos, entre distintas direcciones de la PNB. Es lo que se ha llamado históricamente como “reciclaje de funcionarios”. Con esto se difuminan un poco hasta que baje el tema en el debate público nacional e internacional, y a su vez, se trata de capitalizar a toda la PNB con estas lógicas y prácticas. 

Algunos funcionarios aseguraron que las FAES se mantendrían solo en Caracas por ser el centro político del país, donde operaría de una manera más controlada por parte de sus mandos. Varios funcionarios de las FAES ya han sido enviados a la DCDO (Dirección contra la Delincuencia Organizada). En el interior se presentan como las BTI (Brigadas Territoriales de Inteligencia), sobre las cuales tampoco hay mucha claridad respecto a las áreas del servicio de policía que prestan y todo apunta a que son también grupos residuales pequeños que terminan cumpliendo las órdenes discrecionales de su jefe. En los grupos especiales tradicionales de la PNB, el UOTE (Unidad de Operaciones Tácticas Especiales) y el Orden Público, hubo resistencias para recibirlos por su falta de profesionalismo, preparación y disciplina, pero muy específicamente por sus implicaciones en materia de violaciones a los DDHH.

Otros espacios que los están recibiendo son las DIE (Dirección de Inteligencia y Estrategia) y la DIP (Dirección de Investigación Penal), lo que resulta contradictorio y conflictivo, conceptual, sustantiva, operativa y funcionalmente; ya que las FAES han demostrado que, más que labores de inteligencia o investigación, sus acciones son ostensivas y reposan fundamentalmente en el uso de la fuerza letal. Y aún en éstas últimas su desempeño institucional ha sido sumamente cuestionado, por lo que tampoco califican para poder constituirse como un grupo táctico de élite. Para desempeñar labores de inteligencia, investigación o especializarse en el uso de la fuerza de alta intensidad, son fundamentales rigurosos procesos de selección, capacitación, profesionalización, disciplina y controles, inexistentes en los funcionarios de las FAES. Para muchos estos intentos de absorción de las FAES y los cambios de siglas son solo un simulacro mediático para bajar la presión pública. En la realidad operativa la política discrecional de exterminio se mantendría.

Las FAES son un grupo residual, que no desempeña claramente ninguna de las áreas formales del servicio de policía, ni especialidades descritas en el bloque legal. Su especialidad radica en cumplir la voluntad discrecional y coyuntural de sus jefes, que se encuentran en altos mandos policiales y políticos.

Los funcionarios describen a las FAES como un cuerpo policial en sí mismo, como un grupo paralelo a la propia PNB, que se maneja arbitraria y autónomamente, que no rinde cuenta a sus mandos naturales inmediatos sino solo a altos mandos. Las FAES operan entonces como un feudo aparte, a partir del cual se activan múltiples funcionalidades particulares y grupales, lícitas e ilícitas, formales e informales, económicas y políticas, con altos costos en vidas humanas, con dañosas consecuencias sociales e institucionales para todos. A pesar de sus dualidades, en ningún caso, dejan de representar y formar parte del Estado.

Es importante no ver solo a las FAES. El día de mañana le cambiaran el nombre o las seguirán infiltrando dentro de toda la PNB, en un intento de reducir daños y resonancia pública, pero la política de matanza continuará. Antes era la PM en el AMC, ahora es la PNB en todo el país; antes también fueron las OLP como en la llamada Cuarta República fueron los conocidos operativos Plan Unión o la Operación Vanguardia. Las FAES son apenas la punta del iceberg. En esta masacre por goteo participan todas las fuerzas de seguridad, enfocarse solo en esta división distorsiona y reduce las magnitudes reales de lo que está sucediendo con la violencia institucional de carácter letal en el país.

La disolución de las FAES no es suficiente si se mantiene intacto el resto del sistema institucional que promueve, protege y tolera este tipo de políticas. Tampoco si no hay justicia y reparación para los familiares de las miles de víctimas fatales que han generado. Es fundamental el fortalecimiento, la independencia y autonomía de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Sistema de Justicia; que el Fiscal General y los tribunales sirvan de contrapeso y límites reales al poder Ejecutivo y a sus cuerpos de seguridad. De lo contrario, el gobierno se limitará a eliminar cuerpos policiales y a crear otros iguales o más poderosos y descontrolados que sus predecesores, tal y como ya ha ocurrido.

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