La mediocridad de ciertos economistas, formados en universidades gubernamentales, se debe a la falta de rigurosidad académica que exige el aprendizaje de la teoría económica en todos sus ámbitos de aplicación. Tan atrevida carencia de conocimientos hizo que el respectivo profesionalismo sucumbiera exento de la vergüenza que tan bochornoso acto representa.

Creen que, por el simple hecho de portar el carnet rojo que los identifica como adláteres del partido gobernante, pueden arrogarse el desparpajo que implica desconocer las  funciones económicas del Ejecutivo. 

Sus capacidades para razonar las eventualidades que convergen en el centro de la crisis evidencian los desaciertos que como economistas exponen, además de subordinarse a un modelo de economía diseñado con la intención de perturbar la democracia y dislocar las estructuras sobre las cuales se han erigido sentimientos nacionales, regionales, locales, familiares asociados a tradiciones y al costumbrismo característico venezolano.

La impotencia de sus análisis, ante la crisis política que padece el régimen opresor, va de la mano con la irresponsabilidad de pautar regulaciones y disposiciones que han llevado a la economía nacional al piso. Sus reiteradas equivocaciones, indolentemente cometidas, ubican al país entre los últimos lugares de cualquier indicador internacional que evalúe logros alcanzados en materia económica, democratización y transparencia administrativa.

Estos economistas parecieran haberse formado bajo programas de estudio que no obligaban el aprendizaje de temáticas puntuales y determinantes propias de una economía imperfecta sacudida por problemas de escasez o de inflación. Una economía inestable como consecuencia de la dinámica política, con desigualdad de ingresos que impactan a la población.

De manera que si el país se atiene al dictamen de estos economistas, la respuesta a la compleja realidad venezolana seguirá siendo la que actualmente azota y asola al país.

Resulta profundamente contradictorio hablar desde una perspectiva distinta de la que regula el hacer. Estas dos configuraciones causan una hecatombe al chocar entre sí. Venezuela no escapa del espantoso drama que dicha colisión genera en los terrenos de la economía y la política.

Esperanzas frustradas

El pasado 1° de mayo, el Ejecutivo Nacional dejó plantada a la  población trabajadora venezolana que esperaba, con suma ansiedad, un aumento real del salario, como suele decretarse en esta fecha más por populismo que por razones de crecimiento económico y desarrollo social.

El régimen creyó haber saciado la necesidad económica al anunciar que el cesta-ticket y el bono de alimentación o de “guerra económica” serían “indexados”, vocablo que el Diccionario Razonado de Economía define como: “la actualización del valor de la moneda para compensar su depreciación derivada del fenómeno inflacionario”.  

Es decir, no es otra cosa distinta de “un escape por la tangente” del régimen para así evitar cargar el monto “indexado” a las prestaciones del trabajador reclamadas al final de cada período laboral. De esta forma, el régimen en su condición de “patrono” busca mantener constante el valor del salario real para así desprenderse de más compromisos contables.

Es una práctica propia de todo sistema inflacionario, seguramente decidida por algún grupo de economistas del régimen, laborando al mejor estilo de “mercaderes de oficio”. De esa forma, sigue dificultándose la instrumentación de un programa de ajuste económico necesario para ponerle fin a la hiperinflación.

Las tendenciosas medidas económicas adoptadas por el régimen usurpador provocan las distorsiones que, demagógicamente, promete evitar o eliminar de la faz del país “actuando en defensa del trabajador”, pues el oficialismo asegura que su máximo benefactor es “obrero”.

Economista socialista

En consecuencia, trabajadores de distintas ideologías y estratos funcionales del Estado venezolano se llevaron un duro golpe cuando no se dictó el incremento salarial que había animado esperanzas y destapado las necesidades de este sector.

Lo ocurrido no podía ser diferente de lo vivido, toda vez que el país está bajo un modelo socialista-comunal donde la inexistencia del salario como contraprestación del trabajo cede el terreno a la bonificación, sobrentendida la misma como “dádiva”. William Churchill lo describía como la “distribución igualitaria de la miseria”.

Justamente, en medio de la crisis que padece el país, el régimen apeló a economistas que ayunaron el exacto conocimiento de la teoría económica. Por tanto, se subordinaron al servicio irreflexivo de un Estado desaforado que ha buscado reducir al venezolano a una condición de pobreza que lo inhiba en todas sus manifestaciones de libertad, desarrollo y dignidad.

Esto pone al descubierto un sistema político condenado al fracaso, regido por la ignorancia y entregado a la  práctica de la envidia, el odio y el egoísmo. Esta esta la razón por la que escribo estas líneas en las que analizo lo que queda del salario del venezolano desde las limitaciones cognitivas del economista socialista.

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