Los préstamos en Venezuela han sido probablemente el recurso financiero más golpeado en los últimos 5 años. En sus esfuerzos por contener la inflación y el tipo de cambio, el gobierno tomó la inexorable decisión de extremar el encaje legal.

En los recientes años de hiperinflación, muchísima gente se hacía de ingentes cantidades de dinero en créditos de la banca local, para después comprar dólares, sacar sus reales del país y quedarse con deudas en bolívares que diluían hasta desaparecer a la luz de una devaluación imparable.

Ante tal perspectiva, el gobierno decidió poner un freno a la fiesta crediticia, a tal punto que, en el año 2019 el encaje legal casi alcanzó el 100,  desapareciendo virtualmente el crédito de la faz de Venezuela.

En abril del 2020, la cartera crediticia venezolana tocó el punto más bajo de su historia reciente, totalizando tan sólo 106 millones de dólares. En contraste, en el año 2012, esta misma cartera era de 31 mil millones de dólares y representaba el 20,6% del PIB.

En perspectiva, según cifras del Banco Mundial, los préstamos del sector bancario privado en Latinoamérica son mucho mayores que en Venezuela. Por ejemplo, Bolivia cuenta con una cartera de créditos que alcanza el 71% de su PIB, en Brasil representan el 70%, en Colombia el 54% y Chile está sobre 120%.

Renacimiento

Desde febrero de este año, el encaje legal comenzó a bajar. En un esfuerzo conjunto, las entidades bancarias y el Banco Central de Venezuela lograron retrotraer el encaje a un 73% y reactivar modestamente el crédito.

Hoy, la cartera crediticia del país asciende a los 597,97 millones de dólares, a la tasa de cambio oficial. Esta cifra, es aproximadamente el 1% de nuestro PIB. Se estima, que la necesidad de financiamiento en Venezuela asciende a unos 15 mil millones de dólares.

En el último semestre de 2022, muchos venezolanos de a pie, nos hemos encontrado con la sorpresa de que las tarjetas de crédito, antes yermas, aumentaron su límite de 1 a 300 bolívares. Otro tanto han visto los empresarios, con significativos, aunque todavía insuficientes incrementos en sus líneas de financiamiento. Si bien siguen siendo muy bajos los montos de crédito, los cambios observados dan cuenta de una tímida y controlada activación de la banca.

Los créditos bancarios son otorgados por ley en bolívares, sus intereses indexados a la tasa de cambio oficial y los plazos no suelen ser mayores de 12 meses. Entre intereses y comisiones, los tomadores de préstamos bancarios pueden llegar a tasas anualizadas sobre el 20%. Algunas entidades privadas, aprovechando sus vínculos con operaciones bancarias en el extranjero, liquidan al sector privado a altas tasas de interés, créditos en dólares fuera del país.

Respecto a la corta duración de los créditos, únicamente el Banco de Venezuela ha roto esta tendencia, ofreciendo a los emprendedores préstamos de hasta 60 meses para diversificar la producción de bienes y servicios.

Ante la sequía de créditos, el mercado de valores ha surgido como una alternativa de financiamiento, observando que, durante los últimos 2 años, han crecido exponencialmente las emisiones de renta fija o papeles comerciales de grandes empresas y pymes. No obstante, siguen siendo cantidades de dinero relativamente pequeñas para las necesidades de capital de trabajo e inversión del sector privado nacional.

En la mayoría de los casos empresariales, el financiamiento mínimo necesario procede del propio patrimonio de los accionistas, de préstamos privados y/o del financiamiento operativo dado por el ahorcamiento de los proveedores, que ven retornar su dinero «luego, tarde y nunca».

Lo último, hace que los proveedores con «menos músculo financiero» quiebren, o en el mejor de los casos, busquen un mecanismo de cobertura a los retrasos de pagos, a través del aumento de sus precios, lo que a la larga encarece el producto final.

Según estadísticas recientes, el 53% de los empresarios se financia con aportes de sus accionistas, el 26% con créditos bancarios otorgados por la banca nacional y el 21% restante, por medio de créditos en el extranjero, mercado de valores local, préstamos privados y proveedores.

A modo de ejemplo, tenemos el caso de la empresa de telecomunicaciones Telefónica | Movistar de Venezuela que estima invertir con recursos propios, 270 millones de dólares en infraestructura tecnológica, durante los próximos dos años.

Los microcréditos

Siendo tan baja la adjudicación de créditos en Venezuela, la penetración de la banca en las zonas populares es muy reducida o inexistente. Esto ha hecho que prolifere el agiotismo y la usura, observando prestamos privados en divisas con asesinas tasas que incluso alcanzan el 20% mensual del monto prestado.

Ante este panorama, se han popularizado, más que nunca, alternativas de ahorro y financiamiento intracomunitario como el «sam» o «bolso», modalidad que consiste en un abono mensual sobre el «préstamo», que es asignado aleatoriamente de forma periódica entre pares de la comunidad.

Algunas iniciativas privadas han visto una oportunidad de mercado en la escasez de microcréditos, que además genera impacto social. Tales son los casos Pídelo y Cashea, startups venezolanas que apuestan al uso de la tecnología para facilitar opciones de financiamiento privado a comercios, microempresarios y consumidores de tiques pequeños.

Pídelo, todavía en fase de prueba, ha alcanzado a más de 700 microempresarios de Petare con préstamos de entre 500 y 2.000 dólares a una tasa de interés razonable, para acelerar sus negocios. Regulado por la SUNAVAL, Pídelo obtiene el dinero de inversionistas privados a través del mercado de valores.

Asimismo, la banca pública ha liderado programas para micro-financiamiento, nuevamente de la mano del Banco de Venezuela, con grandes oportunidades de desarrollo y penetración popular.

¿Qué hacer?

El desarrollo económico de un país es imposible sin disponibilidad de financiamiento, y la estabilidad macroeconómica de variables como inflación y devaluación, resultan un cincho limitante para la disponibilidad masiva del crédito en bolívares.

Cabría preguntarse si iniciativas formalizadas de fondos de crédito privado en divisas, nacionales e internacionales, que ya comienzan a avizorarse podrían erigirse como una alternativa resolutiva.

Del mismo modo, un mercado de valores robustecido con acciones o papeles de deuda privada emitidos en nuestro país y vendidas en el exterior con apetecibles tasas de retorno y un riesgo acotado, servirían para paliar parte del problema.

Probablemente, a lo anterior debería sumarse una banca nacional, robustamente capitalizada que pueda otorgar créditos en moneda extranjera juntamente con los préstamos en bolívares. Lejos de una dolarización de la economía -con la que no estamos de acuerdo- visionamos a Venezuela como un país multi-moneda, donde coexista nuestro signo monetario con cualquier otra nominación sin mayor conflicto económico o político.

Mucho, mucho por hacer ¿qué estamos esperando?

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