En el año 2019, el defensor de derechos humanos Fernando Fernández, quien es profesor de Derecho Penal Internacional en las Escuelas de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Monte Ávila, publicó el texto “Todo enemigo se presume culpable”.
Este es un trabajo que tiene plena vigencia y que debemos tener muy presente en 2024. Resume todos los patrones de persecución política de los crímenes de lesa humanidad, en grado de encarcelación, que se han perpetrado en Venezuela desde 2014.
No son hechos aislados, corresponden a una política que ya no solo es de gobierno sino de Estado, pues cuenta con la tolerancia de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público y el Poder Judicial. Se han configurado una serie de patrones represivos que se afianzan y producen cada vez más víctimas.
La presunción de inocencia, esa garantía del debido proceso y del derecho a la libertad, no existe en Venezuela para quienes asumen posiciones disidentes. Todo disidente es calificado de enemigo y todo enemigo se presume culpable.
El crimen de encarcelación, nos indica el profesor Fernández, se realiza de forma sistemática y generalizada, como una política de ataques que realizan funcionarios del Estado contra la población civil o una parte apreciable de esta. Se trata de la ejecución de ataques deliberados y conscientes que obedecen a un plan. Se puede afirmar que es una política de Estado.
Este patrón criminal o modus operandi se observa, además, en concurrencia con otros crímenes atroces, a saber: persecuciones por motivos políticos, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles o degradantes, abusos sexuales, entre otros hechos abominables.
No son hechos fortuitos, casuales, espontáneos ni sobrevenidos que comprometan solo a sus ejecutores inmediatos. Son hechos repetidos, sistemáticos, que obedecen a un modus operandi corporativo, lo cual compromete a los autores mediatos; es decir, a los superiores que controlen la organización.
Estos hechos han sido debidamente corroborados por la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas en sus distintos informes, desde septiembre de 2020, que llevaron a la misma conclusión en cuanto a que en Venezuela hay motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Este año será electoral y la experiencia nos indica que en estos contextos arrecia la represión política. Las víctimas son líderes políticos que le son incomodos al gobierno y que su labor pudiera incidir en el resultado electoral o líderes sociales que defienden derechos. En las dos categorías no se salvan ni siquiera aquellos que se autodefinen oficialistas, pues ante cualquier sospecha que puedan asumir una posición crítica pueden ser encarcelados.
Fernando Fernández identifica nueve patrones de represión, algunos de ellos son:
1. La libertad como excepción, la prisión como regla.
2. Campaña difamatoria e injuriosa en los medios públicos etiquetando y descalificando a la persona y vinculándola a hechos delictivos (golpe, violencia política etc.).
3. Detenciones sin flagrancia y sin orden judicial. Vías de hecho y violencia manifiesta, la cual se conoce por videos hechos por las víctimas, sus familiares o vecinos o los sistemas de seguridad instalados en inmuebles.
4. Siembra de pruebas incriminatorias durante allanamientos o detenciones.
5.Obstáculos para que se pueda entrevistar el detenido con abogados y, como algo excepcional, entrevista con un soldado o custodio presente.
Para el primer trimestre de 2024 está anunciada la instalación de una Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el país. Una de sus tareas deberá ser hacer seguimiento a este tipo de patrones represivos para avanzar en el camino a la justicia y los responsables rindan cuentas.
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